La reciente investigación de Andrea Aldana y Ariel Ávila sobre las nuevas dinámicas de violencia en el territorio revela información que hasta ahora no era disponible. La entrevista realizada a un comandante de las disidencias de las Farc evidencia que la nueva ola de violencia en el país se explica por la lucha por el control del territorio.

Las declaraciones del comandante entrevistado reflejan lo que recientemente estudios académicos han argumentado en relación con los mayores riesgos que enfrentan los líderes sociales y las comunidades por la guerra entre grupos armados por el control territorial. “Jonnier” asegura que el grupo al que pertenece tiene presencia en 15 departamentos del país y que las confrontaciones con otros grupos se originan por la búsqueda de la ocupación de estos territorios. En 2019, 99,6% de los cultivos de coca se concentraron en 15 departamentos. Seguramente, son los mismos 15 departamentos en los que este grupo armado tiene presencia y que los otros grupos buscan ocupar para controlar estos recursos.

La literatura ha sugerido, en particular Ana Arjona, que en territorios en los que hay competencia por el control del territorio entre grupos armados es más probable que la comunidad enfrente mayores riesgos porque se emplean herramientas violentas para ejercer coerción sobre la población civil.
Adicionalmente, el reportaje evidencia la existencia de múltiples actores armados, así como la falta de organización de estas estructuras ilegales. Un ejemplo de esta situación es que una de las confrontaciones es entre antiguos miembros de las Farc.

En mi opinión, la evolución de los grupos armados posterior a los procesos de desmovilización ha sido similar, en algunas dimensiones, a la de los carteles de la droga por su fragmentación en múltiples grupos y liderazgos que pueden derivar en nuevos ciclos de violencia. En México se mostró que la desestabilización de los carteles a través de la captura de sus líderes explica más de 30% del aumento en los homicidios entre 2006 y 2010. En Colombia, posterior a la desmovilización de las AUC y al Proceso de Paz, ha habido un desescalamiento del conflicto y simultáneamente, la creación de múltiples grupos armados que han contribuido a nuevas dinámicas de violencia en algunas zonas del país. Además, lograr acuerdos políticos o combatir estas estructuras es más difícil. Así como capturar a las cabezas de los carteles no solucionó el narcotráfico, pareciera que la desmovilización de las grandes estructuras armadas tampoco resolvió las dinámicas de violencia en el territorio colombiano.

Es simplista considerar que la violencia en el territorio se explica únicamente por el narcotráfico, pero sería ingenuo pensar que son fenómenos que no están relacionados. Se ha evidenciado que esta actividad es la principal fuente de ingresos de los grupos armados y es probable que la lucha por el territorio esté estrechamente relacionada con el control de estos recursos.

Por lo tanto, el ciclo de violencia en el país podrá reducirse a través de acuerdos como el Proceso de Paz, pero no lograremos proteger totalmente la vida de los líderes y de sus comunidades si se mantiene el enfoque tradicional frente a los cultivos de uso ilícito, que genera incentivos para mantener estas dinámicas de violencia.