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Analistas 17/03/2021

Cuando la justicia se politiza cruje el Estado de Derecho

Lucas Gómez
Abogado, consultor y experto en derechos humanos

En las sociedades democráticas, especialmente en aquellas con alto grado de polarización, es fundamental contar con procesos judiciales que no dejen dejen dudas sobre la imparcialidad del poder judicial, y que garanticen los derechos de los acusados. Esta necesidad se incrementa en aquellos procesos que involucran a figuras políticas. Hay, sin perjuicio del principio de igualdad ante la ley, un interés público claro de que en estos casos se llegue a sentencias intachables, absolutamente respetuosos de las garantías y llevados por magistrados irreprochables. De lo contrario, se corren serios riesgos de que el proceso democrático sea interrumpido indebidamente por los jueces. Cuando esto ocurre, no es la ciudadanía la que toma las decisiones a través de su voto, sino un poder judicial politizado que corroe el sistema democrático y su propia credibilidad.

Lamentablemente, estos casos no son excepcionales. La intervención del Magistrado Hernández en la entrevista de Caracol TV el 14 de marzo, expresando su opinión sobre el caso de Uribe, es una muestra patente de los inconvenientes que surgen cuando los jueces cruzan las líneas de la función judicial. Es que cuando un juez supremo emite su opinión en un programa televisivo en lugar de hacerlo en sus sentencias, y realiza declaraciones que pueden influir en el ánimo de otros jueces o fiscales, está abandonando la arena judicial y pasando a la arena política. Esto trae un severo inconveniente, pues confunde dos funciones que el diseño constitucional moderno separó: la acción política y la acción judicial.

Los organismos internacionales de derechos humanos han sido claros, desde siempre, en la trascendencia de la independencia judicial. Sin independencia judicial no hay democracia posible. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en distintos casos como Tribunal Constitucional o Reverón Trujillo, ha destacado las implicancias democráticas de la independencia judicial en diversas decisiones. Por su parte, el ex Relator Especial para la Independencia de Jueces Leandro Despouy expresó en 2009 “los principios de imparcialidad e independencia constituyen en todos los Estados los rasgos distintivos del fundamento y la legitimidad de la función judicial. Su inexistencia conduce a la denegación de justicia y resta credibilidad al proceso judicial”

Una de las facetas de la independencia judicial - a veces olvidada - es la independencia interna. Los jueces y fiscales deben ser libres de presiones políticas, pero también de presiones de las autoridades del propio poder judicial. Tal como escribió el juez de la Corte Interamericana Eduardo Ferrer Mac Gregor en su voto concurrente en el caso Quintana Coello, la independencia interna “ampara al juez frente al resto de la estructura judicial”. En la misma línea, el ex Relator Especial Despouy advertía que “la independencia de los jueces debe protegerse tanto de injerencias externas como internas”. Como ha dicho la Corte Interamericana “debe protegerse a los jueces y fiscales de restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación”.

El caso del ex presidente Lula en Brasil es otro ejemplo del problema señalado. Lula fue condenado por el juez Moro, quien luego terminó como ministro de Bolsonaro - que ganó en las elecciones de las que Lula no participó por la condena. Hace una semana y varios años después de la condena, la sentencia de Moro fue anulada, la intromisión del poder jucial en la política evidenciada, pero el daño a las instituciones ya estaba hecho.

La crisis democrática que se vive en buena parte de América Latina no puede ser desvinculada de la falta de credibilidad del poder judicial. La necesidad de contar con procesos transparentes para juzgar a personas vinculadas con la actividad política en altos rangos es clave, pues esta es la única manera de alcanzar sentencias incuestionables, especialmente desde el respeto a los derechos humanos. Solo esta respuesta a la demanda social de justicia podrá pacificar una sociedad descreída del sistema judicial.