Enfrentando la crisis de suministro eléctrico

Colombia se aproxima a una crisis en el suministro eléctrico que implicará apagones recurrentes. Por una parte, XM y los gremios de generadores han advertido que apenas una pequeña fracción de los proyectos de generación eléctrica programados para entrar en operación desde 2021 hasta 2027 efectivamente lo han hecho o lo harán, dados los infranqueables obstáculos regulatorios. La capacidad instalada de generación, CIG, ha aumentado desde 2020 a un ritmo promedio anual de alrededor de 1,5%, mientras la demanda lo ha hecho cerca a 3%. De otro lado, el Grupo de Energía de Bogotá ha prevenido que de no concluir tres líneas de transmisión, Nueva Esperanza, Chivor II, ambas de 230kV, y Sogamoso, de 500 kV, todas enredadas en tramitología intensiva hace más de 10 años, la ciudad no podrá recibir nuevos grandes proyectos empresariales ni al Metro o al Regiotram.

Los problemas del sector vienen de atrás. El país abandonó el desarrollo de grandes hidroeléctricas y se sumergió en una paralizante burocratización. En los últimos cuatro años, las discusiones estériles alrededor de la “transición energética” no han ayudado. Pero en esta coyuntura, debemos asumir con pragmática humildad nuestra imperiosa necesidad de eléctricidad, comenzando por recordar la insignificancia comparativa de nuestro consumo en el marco internacional.

Colombia tiene una CIG de 21,4GW, de los cuales 15GW son hidro. Consumimos alrededor de 82TWh al año. Chile, con 20 millones de habitantes, tiene una CIG de 33GW. Noruega, con sólo 5,5 millones de habitantes, tiene una CIG hidráulica de 40GW que produce 150TWh al año. Las compañías Google y Microsoft consumen, conjuntamente, 60TWh al año.

Y, en cuanto al rol de Colombia en el calentamiento global, generamos 0,6% de los gases que lo ocasionan. Si duplicaramos nuestra CIG exclusivamente con termoeléctricas a carbón, esta cifra subiría tal vez a 0,7% y, continuaríamos siendo intrascendentes en esta problemática global.

Gobierno y Congreso deben ponerse de acuerdo para mediante nueva legislación, eximir a todos los proyectos de generación, transmisión y distribución eléctrica, de las consultas con las comunidades y, darles acceso “fast track” a “licencias ambientales” y “sustracciones de reserva forestal necesarias”, mientras cuenten con el aval de, por ejemplo, el Ministerio de Energía o de la Upme. Esto implicaría modernizar la Ley 99 del 93 y sus decretos reglamentarios. Imprescindible agilizar también el resto de tramites: autorización cruce de calzadas con la ANI y el Invías, servidumbres con los Juzgados Regionales, restitución de tierras, etc.

A nivel legislativo también hará falta establecer que las comercializadoras de electricidad podrán suspender a los consumidores que no paguen, sin excepciones. Entidades oficiales, hospitales y escuelas a todos los niveles adeudan más de $1,5 billones, en adición a los hogares morosos.

Air-e y Afinia no serán viables bajo ningún esquema si sólo 60% de sus clientes pagan el servicio. Finalmente, el gobierno central debe honrar sus deudas. Al cierre de septiembre adeudaba $2,5 billones por opción tarifaria y $2,1 billones de subsidios. Sólo adoptando un sentido de urgencia superaremos esta situación.