Colombia necesita “malos gobernantes”

Ninguna situación, por difícil que sea, justifica el vandalismo, ni las intervenciones al margen de la Ley.

Al momento de escribir esta columna, el país se encuentra inmerso en marchas, protestas y actos vandálicos, que reflejan el clamor de un pueblo que anhela una mirada distinta a lo que viene siendo la estructura y ejecución de la política económica y social. Estas protestas implicarán, entre otras cosas, el uso de recursos para reparación y reposición de bienes públicos, que podrían ser utilizados en otros bienes y servicios. Situación que nos reta a generar conciencia en favor del cuidado y defensa de la propiedad pública y privada.

Otra lectura más allá de los disturbios es que, dada la coyuntura actual y los múltiples problemas estructurales, Colombia requiere de “malos gobernantes” que estén dispuestos a construir un nuevo país de la mano del pueblo, lo que se facilita en un momento único para la democracia digital directa, entendida como la posibilidad de poner la tecnología al servicio del ciudadano y de la construcción de democracia.

Los “malos gobernantes” tendrán la tarea de liderar la reducción del tamaño del Estado y de los representantes del pueblo en todas las corporaciones, ya que estos podrán ser reemplazados de manera más efectiva en términos de participación y representación por la democracia digital directa.
Esa nueva agenda significa que en el país se generen transformaciones con carácter prioritario en seguridad, reducción de pobreza y desigualdad, acceso a oportunidades de empleo e ingresos, educación pública de calidad y pertinencia, pavimentación de vías en las cabeceras municipales y rurales para fortaler el agro y el turismo, la conectividad a internet gratuito para la población de más bajos ingresos, el fortalecimiento del sistema de salud, los programas de ingresos para la población mayor y una agenda de reactivación económica sin precedentes.

¿Cómo desarrollar esta agenda? En seguridad los “malos gobernantes” tendrán como prioridad la construcción de paz con el acceso a múltiples oportunidades para la población víctima, victimaria y en riesgo. En el caso del empleo será necesaria una agenda con los empresarios garantizándoles la protección de la propiedad privada y la reducción de costos laborales no salariales que les permita un mayor margen de maniobra para la creación de nuevos puestos de trabajo, al tiempo que estos empresarios comprometerán mayores recursos de sus utilidades e impuestos para reinversión y apalancamiento de agendas de desarrollo territorial vía obras por impuestos.

El presente ha demostrado, una gran capacidad de los jóvenes para crear empresa y generar oportunidades de empleo; estas iniciativas se financiarán con un porcentaje de utilidades generadas por los bancos a manera de sociedad y padrinazgo a esos emprendimientos.

En términos de educación las universidades públicas tienen sus finanzas en cuidados intensivos. Para atender esta situación se propone un impuesto a las bebidas azucaradas y a la comida ultraprocesada que permita el financiamiento de la educación.

Para la pavimentación de vías municipales y departamentales se requiere con carácter prioritario una misión de fortalecimiento de ingresos territoriales, para reducir dependencia del Gobierno nacional. Para la conectividad a internet gratuita para población de bajos ingresos deben evaluarse tres estrategias de financiación: recursos del Gobierno nacional, impuestos a grandes plataformas de ventas de bienes y servicios digitales, con destino a fortalecer ingresos departamentales y municipales, y la ampliación de destinación del impuesto al alumbrado público para que financie conectividad.
Por su parte, el fortalecimiento del sistema de salud debe encaminarse, entre otras estrategias, a hospitales de impacto subregional.

Abundan los hospitales que, más que eso, son centros de salud con una oferta incipiente para las necesidades de la población.

En lo referido a ingresos para la población mayor, los Beneficios Económicos Periódicos Sociales (BEPS) han sido un vehículo de protección y calidad de vida que merece fortalecimiento en materia de contar con más recursos para su impulso.

Finalmente, el “mal gobernante” tendrá la tarea de ser empático, combatir la ilegalidad, el contrabando y la corrupción; fortalecer la institucionalidad, la defensa de la propiedad privada y ampliar la oferta de bienes públicos como lo son la defensa nacional, los parques públicos, las reservas naturales y el patrimonio de las empresas públicas.