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Los once cargos en el juicio contra “El Chapo” Guzmán se resumen en probar que el acusado es el líder del mayor cartel mundial de drogas - el cartel de Sinaloa -, al que se le sindica de introducir más de 150 toneladas de cocaína en los Estados Unidos.
Esta tarea, que no parece difícil, se ha encontrado con una defensa orientada a mostrar los vínculos de “El Chapo” y su organización con diferentes estamentos del Estado mexicano. Buscan presentar a Guzmán como un engranaje más de un sistema corrupto con muchos otros poderosos responsables.
Por esto, se empieza a hablar de un doble juicio. De un lado, lo que es obvio, determinar la situación jurídica del procesado, a quien seguramente le espera una condena a cadena perpetua. Del otro, las acusaciones al Estado mexicano y sus funcionarios por colaborar tácita o explícitamente con las actividades del cartel de Sinaloa, y que probablemente termine incriminando instituciones más allá de México.
Jesús Zambada García “El Rey”, antiguo empleado de Guzmán y hermano de “El Mayo” Zambada, quien sería actualmente el líder del cartel de Sinaloa, ha venido testificando en contra de quien fuera su jefe. En sus declaraciones menciona la colaboración de funcionarios de la Procuraduría General de la República Mexicana (el equivalente de nuestra Fiscalía), que a cambio de mucho dinero protegía los cargamentos de cocaína procedentes de Colombia hacia Chiapas, así como del apoyo de la policía federal en el control de puertos y aeropuertos al servicio de los narcos.
Zambada señala a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, información que coincide con aquella documentada en otros medios (por ejemplo, en “Los Señores del Narco” de Anabel Hernández). Es decir, altos funcionarios han colaborado con los narcos, recibiendo millonarios sobornos, por lo que sorprende lo relativamente bajo de los montos mencionados en el juicio al compararse con los sobornos que pagaba Odebrecht, o los que exigía Alejandro Andrade, tesorero de Chávez, cuyo acuerdo reciente con la justicia americana muestra cómo operan nuestras instituciones.
Pero esta corrupción y captura institucional no se limita a la región. En hechos ampliamente conocidos, en 2010 el banco Wachovia de Estados Unidos llegó a un acuerdo con la justicia de su país para pagar US$160 millones en cargos por facilitar actividades de lavado de activos. El juez que investigó este caso concluyó que Wachovia les había dado carta blanca a los carteles para lavar activos a través de sus sucursales.
De forma similar, en 2012 el banco más importante de Europa, HSBC, pagó una sanción de US$1.900 millones para evitar investigaciones sobre lavado de activos provenientes del tráfico de drogas, y transferencia de recursos a bancos saudís vinculados a grupos terroristas. Y la lista puede continuar indefinidamente.
Así, al margen de la responsabilidad de Guzmán y otros narcos que han inundado de droga a los Estados Unidos y han azotados a muchos de nuestros países con su violencia, el juicio de “El Chapo” pone nuevamente sobre la mesa el papel de quienes han facilitado sus acciones y se han beneficiado de ellas.
Gobiernos, sistemas judiciales, financieros y de contratación pública muestran que no se trata de un negocio solamente de narcos. Negocio, vale decir, que solo en México ha dejado cerca de 250.000 muertos en los últimos 12 años.
