Un infame asalto al palacio y a la democracia

Se cumplieron cuarenta años del asalto, a sangre y fuego, al Palacio de Justicia. Los guerrilleros del M-19, prestando un servicio a los narcotraficantes para desaparecer los expedientes e impedir las extradiciones, asaltaron miserablemente la sede de la justicia. Entraron disparando a diestra y siniestra, hiriendo y matando a personal del Palacio y a civiles. Lo hicieron envalentonados por el éxito del secuestro de la Embajada de la República Dominicana en 1981, donde se salieron con la suya, y por el proceso de paz de Betancur, que les otorgó amnistía a más de 300 guerrilleros.

Lo cierto es que siempre será mejor tener a los guerrilleros en la cárcel, o incluso dados de baja, que en las calles ideando “genialidades”, como lo indicó Petro al referirse al asalto del Palacio de Justicia. Varias fuentes indican que recibieron hasta US$2 millones por ese “servicio”. Aprovecharon, además, para decir que el asalto tenía como objetivo realizar un juicio político al presidente Betancur por supuestamente haber traicionado los acuerdos de paz.

Los guerrilleros, en este sangriento y vil asalto, mostraron una crueldad y violencia inusitadas. Los aproximadamente 35 insurgentes tomaron más de 300 rehenes, que usaron como escudos humanos, prendieron fuego a los archivos y las instalaciones, y asesinaron a varios magistrados y civiles. La Comisión de la Verdad del Palacio, en 2015, indicó que el M-19 actuó con una violencia innecesaria, incompatible con la vida y con el Derecho Internacional Humanitario, y calificó el acto como “insensato, criminal y políticamente suicida”.

El presidente Betancur se marginó. En los momentos en que se necesitaban fortaleza, voz de mando, gerencia de crisis, templanza y carácter, simplemente no los hubo de su parte. No le pasó al teléfono al magistrado Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia, ni dialogó con los guerrilleros para indicarles que debían rendirse o asumir las consecuencias, que era lo único que procedía ante semejante brutalidad. Tampoco se dirigió al país. Los anales de la historia indican que hubo un vacío de poder en el manejo de la crisis.

Como resultado, el ejercicio de la fuerza legítima del Estado para la recuperación del Palacio fue caótico y con un uso desproporcionado de la fuerza. Tampoco hubo una coordinación civil adecuada para garantizar la protección de los derechos humanos, ni un rescate planificado de funcionarios y civiles, lo que derivó en más muertes e incluso en desapariciones.

Sin lugar a duda, el responsable de este hecho terrorista -que asaltó el corazón de las instituciones, la democracia y la nación- fue el M-19. Años después, en un giro absurdo de la historia, sus miembros terminaron indultados y amnistiados, participaron en la Asamblea Nacional Constituyente y uno de ellos es hoy presidente de Colombia.

Queda claro que los procesos de paz no han traído nada distinto a la continuación de la violencia y a escenarios donde los violentos, terroristas y narcoguerrilleros obtienen tratamientos preferenciales, mientras el Estado y sus agentes, como un todo, son puestos en el patíbulo como parte de la estrategia de manipulación de la izquierda radical, donde los guerrilleros son los “buenos” y el Estado, y quienes resistieron, los “malos”.