Retomemos la Seguridad Democrática

Los últimos eventos de orden público nos han devuelto al pasado. No sufríamos una situación tan crítica desde hace más de 20 años. El Catatumbo vive una guerra entre el ELN y las FARC por el control de la coca. Varias explosiones se presentaron en la zona metropolitana de Cúcuta. En el Chocó, el ELN anunció un paro armado. En otras regiones del país, como Huila, Cauca, Guaviare, Nariño y Putumayo, la situación es grave. Estamos viviendo una auténtica pesadilla, un déjà vu, algo ya visto o vivido y que no queremos volver a ver o vivir.

Para recordar lo que no se puede olvidar, Colombia era un Estado fallido en 2002, sin control territorial, inundado de guerrilleros, paramilitares y cultivos de coca, y sumido en una crisis económica, resultado del fracaso de un proceso de paz. De hecho, el consenso político en su momento era buscar la paz. El gobierno Pastrana entregó una zona de distensión de más de 42.000 km². El resultado, como era previsible, fue el fortalecimiento de la guerrilla y el desastre.

Con el gobierno Uribe se implementó la política de Seguridad Democrática, una estrategia adecuada que implicó el fortalecimiento de las fuerzas armadas, la recuperación del territorio, la disminución de las áreas de cultivo de coca, las desmovilizaciones, la cooperación ciudadana y el fortalecimiento de la economía mediante la confianza inversionista. Se recuperó el país, la conciencia patria y la esperanza. Pero el rumbo se perdió con el gobierno Santos y su falsa paz. Se le vendió al país la idea de que la Seguridad Democrática era sinónimo de guerra y que la paz, incluso a cualquier precio, era la única respuesta.

Así llegamos a 2025, donde el deterioro del orden público tiene como responsables al gobierno Petro, con su fracasada “paz total”, y al gobierno Santos, con su proceso de paz con impunidad. La “paz total” es un proceso sin método, que ha implicado el desmantelamiento de la fuerza pública, ceses al fuego unilaterales por parte del Estado y el crecimiento de las economías del narcotráfico, lo que ha resultado en el fortalecimiento de las guerrillas y las bandas criminales.

La paz de Santos, aunque tuvo método, fue un robo a la voluntad popular y una rendición del Estado. El área sembrada de coca creció desmesuradamente como consecuencia de los compromisos del gobierno en su afán de lograr la paz. Los principales responsables terminaron pontificando desde el Congreso, sin pagar por sus crímenes ni reparar a sus víctimas. Incluso se creó un tribunal especial, sin justicia, que se ha convertido en una tribuna para reescribir la historia y hacer política.

Por supuesto, es fundamental llevar la presencia del Estado a los territorios a través de inversión e institucionalidad, pero lo primero es garantizar la seguridad. A quienes no vivieron la crisis de orden público entre 1985 y 2002, y a otros ideologizados o desinformados, hay que recordarles lo que enfrentamos en el pasado para que comprendan que la única solución para salir de esta crisis es el fortalecimiento del Estado y el sometimiento de los criminales a la justicia. Por ello, es hora de retomar la política de Seguridad Democrática.