Banco de la República: ¿Banco progresista?

Ha causado preocupación en los sectores académicos y económicos el nombramiento, por parte del Gobierno nacional, de Laura Moisá y César Giraldo como codirectores del Banco de la República.

Preocupa que, con estos nombramientos, adicionales al ya realizado de Olga Lucía Acosta y al puesto del Ministro de Hacienda, el Gobierno logre mayoría en la Junta.

Esto genera inquietud porque, aunque el Banco de la República no es una rueda suelta dentro del Estado y debe, en cierta forma, coordinar su actividad con el Gobierno y la política económica general, la independencia absoluta con la que cuenta la Junta Directiva en materia cambiaria, monetaria y crediticia -para el control de la inflación y el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda- podría verse menoscabada. Si esto sucediera, el Banco de la República y su Junta Directiva dejarían de ser técnicos e independientes, y la entidad se convertiría en un “Banco progresista”. Esto significaría cambiar de una línea económica ortodoxa a una más heterodoxa, con los riesgos que ello podría implicar para la economía y la moneda.

En este sentido, aunque para muchos la conquista más importante de la Constitución del 91 fue la acción de tutela, para otros la conquista más relevante, o al menos la segunda, fue la independencia del Banco de la República y su Junta Directiva, otorgada con rango constitucional. Para el constituyente del 91, fue evidente la necesidad de no asignarle al Gobierno -o a un órgano dependiente de este- el manejo de la moneda y su control, dadas las consecuencias perjudiciales que la inflación había tenido para la economía y la población colombiana.

De hecho, no hay nada más dañino, ni un mayor impuesto, que la inflación generada a través de emisiones monetarias que aumentan la liquidez para que el Gobierno ajuste sus cuentas y gaste a manos llenas. El “guayabo” de semejante fiesta lo sufre la población y la economía con un aumento generalizado de los precios. Al final, con el mismo ingreso, las personas podrán adquirir menos productos y servicios debido al deterioro de su poder adquisitivo como consecuencia del incremento en la masa monetaria.

De todas maneras, parecería que las personas nombradas por el presidente en la Junta Directiva -con la excepción de la Dra. Moisá-, dados sus antecedentes y afinidades ideológicas y políticas con el Gobierno, no cambiarán la línea ortodoxa del Banco y las políticas monetarias, cambiarias y crediticias establecidas y mantendrán la independencia con el Gobierno. Para algunos, la preocupación es válida, dada la cercanía -o al menos la percepción de cercanía- de los nombrados con el Gobierno, lo que podría implicar una línea económica más proclive a la intervención estatal y a la redistribución de recursos en pro de las políticas progresistas.

No obstante, resulta tranquilizador que la Constitución señale que los deberes fiduciarios de la Junta Directiva son con la Nación y no con el Gobierno, y que las operaciones de financiamiento del Estado -que no sean de mercado abierto- requieren la unanimidad de los miembros de la Junta Directiva.

Seamos optimistas sobre el ejercicio independiente y ortodoxo de las funciones del Banco y su Junta Directiva, pero mantengamos los ojos abiertos.