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El plan del petrismo para conservar el poder continúa ejecutándose. El Gobierno ha atacado desde varios frentes a la institucionalidad. En días pasados, expidió el decretazo ilegal para convocar una consulta popular y lanzó el globo de una asamblea nacional constituyente.
No nos engañemos: todo lo que hace el Gobierno, al final del día, pretende allanar el camino para ganar las elecciones de 2026 y conservar el poder. No se trata de una estrategia sin propósito y deshilvanada. Como dice el dicho, el Gobierno no da puntada sin dedal.
La semana pasada enfiló sus baterías contra Thomas Greg & Sons (TGS), bajo el telón de fondo de la no prórroga del contrato para la producción de pasaportes. La excusa inicial en el proceso de licitación fue la necesidad de que el Estado preste directamente este servicio, sin colaboración de privados. Al Gobierno, como principio, no le gusta que los privados ganen dinero mediante contratos estatales, incluso si los servicios ofrecidos son más económicos y de mejor calidad. Prefiere grandes e ineficientes empresas estatales que generen empleo público y dependencia. Además de esta consideración, se ha alegado que no es adecuado que los datos personales de los ciudadanos estén en manos de privados, y que la licitación inicial habría estado amañada, presentando serios problemas de competencia y de cumplimiento del principio de selección objetiva.
El asunto no se limita a los pasaportes ni a TGS. Todas estas consideraciones y pretextos tienen como trasfondo el hecho de que TGS ha sido tradicionalmente el contratista de la Registraduría Nacional del Estado Civil (Rnec) para la impresión y logística del material electoral, así como para la consolidación de los datos del preconteo.
De hecho, como el Gobierno no da puntada sin dedal, el objetivo desde el principio en la polémica generada por los pasaportes ha sido alimentar la narrativa y sembrar dudas sobre TGS y sobre el proceso licitatorio relacionado con las elecciones en la Rnec.
Su objetivo: tomarse la Rnec -difícil por ser una entidad independiente- o, al menos, entorpecer su contratación mediante la misma narrativa usada con los pasaportes: manejo de datos personales y violación del régimen de competencia y del principio de selección objetiva. Todo esto para allanar el camino hacia investigaciones y sanciones administrativas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, e incluso para imponer medidas cautelares que suspendan el proceso de contratación o su ejecución. Dios quiera que el Gobierno no pretenda tomar ese rumbo.
Como plan B, dada la previsible derrota en las urnas en 2026 debido al mal gobierno, el Presidente se ha dedicado a sembrar un manto de dudas sobre la imparcialidad de la Rnec y el proceso electoral. Ha señalado una supuesta falta de transparencia en las elecciones e insinuado la posibilidad de un fraude electoral, únicamente porque TGS es el contratista seleccionado. En este punto, la irresponsabilidad del Presidente es manifiesta, pues descalifica una entidad y unos procesos que le permitieron varias victorias electorales, incluida la presidencial.
Ante estos embates presidenciales, la sociedad civil y la institucionalidad deben cerrar filas para garantizar la independencia de la Rnec y asegurar que las elecciones de 2026 sean libres, independientes y transparentes.
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