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ANALISTAS 19/08/2026

La competencia como motor del desarrollo y del bienestar

Juan Pablo Herrera Saavedra
Decano Facultad de Economía Universidad de Externado de Colombia

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El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, acaba de lanzar una muy interesante obra titulada “Mercados y desarrollo: cómo la competencia puede mejorar vidas”. Este trabajo editado por Vanessa Alviarez, Matías Busso, Philip Keefer, Cezar Santos y Rodolfo Stucchi, deja muy interesantes reflexiones alrededor de los grandes desafíos que tiene la región de América Latina y el Caribe.

El bajo crecimiento económico observado en la región, sumado al rezago que en materia de productividad y competitividad se tienen en términos relativos a otras regiones del mundo, motivan a preguntarse qué factores podrían estar incidiendo negativamente y que podría mejorarse sin incurrir en ingentes esfuerzos de recursos monetarios, en momentos en los que economías como la colombiana enfrentan importantes restricciones presupuestales desde el ámbito fiscal.

Pues bien, este libro del BID presenta abundante evidencia empírica que da cuenta de que uno de los factores decisivos que explicaría el importante rezago de la región en materia de productividad, competitividad y cierre de brechas es explicado por la falta de competencia. Bien se sabe que la intensidad de la competencia en los mercados de cualquier economía estimula innovación, induce a generar más variedad de productos y termina por generar mayor acceso a los mercados sumando elementos capaces de romper las trampas de pobreza en los que, infortunadamente, solemos caer en la región.

Pues bien, tomando como benchmark los países más ricos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos Ocde, el estudio muestra que, si los mercados de América Latina y el Caribe alcanzaran niveles equiparables de competencia a los países de referencia, el PIB de la región podría ser 11% más alto y la desigualdad 6% menor.

La evidencia presentada en el estudio deja entrever que la concentración en los mercados en América Latina y el Caribe podría ser 4 veces mayor que los niveles de concentración observados en las economías que hacen parte del grupo control y los márgenes de ganancia (markups) igualmente superiores.

En materia laboral, llama la atención que los resultados del estudio señalen que mientras los trabajadores latinoamericanos y caribeños apenas reciben el 50% del valor que generan, en Europa y Estados Unidos las cifras sean del 65% y 81% respectivamente.

En contraposición en países desarrollados las empresas dedican el 4% de sus ventas a innovación y el 1,03% de estas a I+D, en América Latina y el Caribe las mismas cifras representan 2,5% y 0,25% respectivamente.

En materia de fomalidad, el estudio muestra como efecto colateral del estímulo de la competencia aumentos en ventas cercanas al 4% e incremento en ingresos fiscales cercanos a 2,5% .

Todo ello muestra oportunidades importantes de mejora de estos indicadores a través de diferentes acciones. Seguramente algunas más costosas que otras, y en materia de prioridades queda en el radar la necesidad de buscar las alternativas que sean más costo eficiente para iniciar a destrabar las limitaciones que puedan existir en nuestra región.

Un mensaje muy importante de este trabajo es que uno de los puntos en los que es posible iniciar a destrabar los nudos para estimular la competencia, radica en el fortalecimiento de las autoridades de competencia. Se hace imprescindible en la región velar por autoridades de competencia con suficiente independencia, con presupuesto suficiente para afilar sus herramientas en la lucha contra la cartelización empresarial, abusos de posición de dominio y aplicación efectiva del régimen del control de integraciones o concentraciones empresariales.

Se hace necesario disponer de mecanismos que favorezcan de manera cada vez más efectiva el acceso a datos de mercado para monitorear permanentemente si existiese un elemento indiciario que pudiera activar las capacidades de investigación de las autoridades de competencia y por supuesto decisiones en firme capaces de enviar señales disuasorias de prácticas contra la competencia.

En ese sentido varios puntos quedan sobre la mesa en Colombia, y aunque la obra no llega a precisar recomendaciones específicas para cada país, en el caso colombiano se podría inferir la necesidad de consolidar una autoridad dedicada con exclusividad a revisar los asuntos de promoción y protección de la libre competencia económica, con recursos presupuestales suficientes para atender a la evolución continua que hoy observamos en todos los mercados. Es el momento para preguntarse si es la oportunidad para que el país pueda contar con una reforma estructural a la manera como protegemos un derecho de interés colectivo tan importante como la libre competencia económica y podamos optimizar el Estado con una nueva visión institucional si lo que queremos es estimular el desarrollo de mayor productividad y competitividad, más desarrollo y menos exclusión a través de la competencia.

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