Contratación pública en Colombia en cifras y diseño de mecanismos

Cuando se habla de contratación pública en Colombia, usualmente se piensa en un asunto eminentemente jurídico y se asocia en muchos casos a cuestiones que evocan sensibles y sentidos problemas inmersos en nuestro tejido social. No obstante, no es muy usual que se le haga una revisión, al menos preliminar desde la lógica microeconómica, con el propósito de entender la dimensión y relevancia que tiene en nuestro país las compras del Estado.

Quizás lo primero que debe mencionarse es que quien compra bienes y servicios en este contexto es el consumidor más importante, grande y esencial para un país como Colombia: el Estado. Con corte diciembre de 2022, y según datos del Secop II, disponibles en la Agencia Nacional de Contratación Pública: Colombia Compra Eficiente, el monto tal de contratación en Colombia reportado alcanzó $157 billones, mediante 1.288.548 contratos, esto es algo cercano a 13,3% del PIB. De este monto contratado $64 billones fueron contratación directa, $41 billones contratación especial y tan solo $41,6 billones, correspondieron a recursos contratados a través de esquemas en los cuales se incentivó la concurrencia y la pluralidad de agentes en escenarios de competencia por el mercado. De estos recursos $30 billones fueron contratados vía licitaciones de obra pública, $6,7 billones en selección abreviada de mínima cuantía, $4,9 billones en selección abreviada y subasta inversa.

Dicho de otra forma, apenas 26,4% del total de la contratación pública reportada correspondió a recursos en los que existió un mecanismo en el que se promovió la competencia a través de las diferentes modalidades que la Ley 80 de 1993 y normas concordantes subsiguientes han establecido en el país.

A su vez, la contratación pública replica la dinámica institucional del Estado en materia de su presencia en términos de distribución geográfica. De $157 billones contratados, la mayoría de estos recursos, 21,9% de estos, fue contratado con proveedores ubicados en la ciudad de Bogotá. El departamento que después de la ciudad capital tuvo mayor preponderancia fue Antioquia, con tan solo 11%, esto es cerca de la mitad de los recursos contratados por Bogotá. Las cifras siguen mostrando una importante centralización en la contratación del país, lo que genera una preocupación creciente si se contrasta este resultado con el papel que juega en la contratación pública las micro, medianas y pequeñas empresas.

De los 1,3 millones de contratos firmados con el Estado, apenas 17.630 proveedores fueron micro, pequeños y medianos agentes, quienes acumularon tan solo 29.000 contratos celebrados. Esto es, apenas 2,2% de la totalidad de los contratos, por tan solo $3 billones, 1,9% del total de recursos. Pero el desbalance se acentúa aún mas si se realiza una disección de la totalidad de estos últimos contratos, encontrando que las medianas empresas tienen una participación exigua, tanto en número de contratos (no más de 500), como en el valor total de los mismos y un énfasis de más de 93% en favor de las microempresas del país. Eso significa una discontinuidad muy importante y una brecha entre micro y grandes empresas que mostraría no solamente una baja participación de las MiPyme, sino un desincentivo a crecer y dejar de ser microempresa para contratar con el Estado dada la ausencia casi total de contratación de las pequeñas y medianas empresas del país.

En suma, las cifras de este primer diagnóstico acá esbozado, refleja enormes retos en materia de los diseños de mecanismos en la contratación pública. Un famoso teórico en dos importantes artículos publicados en 1960 y 1972, abrió paso a este campo de análisis en la microeconomía: Leonid Hurwicz. En su análisis era fundamental reconocer la noción de compatibilidad de incentivos como un elemento fundamental en el diseño de cualquier mecanismo. En particular, si de lo que se trata es de avanzar en un escenario de convergencia regional participativa y plural en materia de contratación pública en el país, se requiere un esfuerzo muy importante para que los gobiernos tanto nacional como locales avancen en procesos que permitan favorecer resultados en los que prime el bienestar del consumidor, la eficiencia económica y la libre participación de los agentes del mercado, tal como fueron establecidos como propósitos en Colombia en la Ley 1340 de 2009 por parte del legislador.

Se trata es de incentivar la competencia por el mercado y de esta forma ese consumidor tan importante, que es el Estado, pueda gozar de más variedad, mejores calidades y en general mejores condiciones para la provisión de bienes públicos y dinamización del gasto social de calidad, que es quizás una de las prioridades de cada cuatrienio. Ojalá se entienda que estimular la competencia en la contratación pública a lo largo de todo el territorio nacional y descentralizar la proveeduría es un tema central en el diseño del mecanismo en materia de contratación y que esto pudiese convertirse a futuro en una política de Estado al momento de pensar en las oportunidades de mejora de las compras pública en el país.