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Analistas 25/05/2023

A propósito de la millonaria multa impuesta a Meta en Europa

Juan Pablo Herrera Saavedra
Decano Facultad de Economía Universidad de Externado de Colombia

La reciente decisión por parte de la Comisión Irlandesa de Protección de Datos (Cipd) contra Meta por el manejo de datos personales y su transferencia desde el Espacio Económico Europeo hacia Estados Unidos, lugar donde reposaría la información de los usuarios de esta compañía, representa la sanción más alta hasta ahora impuesta por asuntos relacionados con la violación al Reglamento General de Protección de Datos del continente europeo.

Se trata de una multa de $1.200 millones de euros que supera con creces la sanción récord de 2021 impuesta por parte de la autoridad de datos personales de Luxemburgo a Amazon, por $746 millones de euros, en ese entonces también por asuntos relacionados con el manejo de datos personales de su plataforma.

Pero esta multa impuesta por la Cipd no es la primera y seguramente no será la última hacia esta empresa. Por ser Irlanda la sede de operaciones de Meta, así como de otras empresas tecnológicas con presencia en Europa, el asunto ha merecido toda la atención del regulador irlandés. En enero esta comisión había impuesto ya una multa por $400 millones de euros a Facebook, Instagram y WhatsApp, tres de las plataformas de Meta, por haber hecho una mala utilización de los datos personales con fines publicitarios.

La decisión abre un debate no menor de la forma como Meta deberá manejar los datos personales capturados en Europa, así como también genera una oportunidad de discusión académica y regulatoria frente al papel de la regulación existente en el planeta.

En el marco del importante crecimiento de las plataformas en el mundo, llama la atención si lo realmente relevante sea la transferencia de datos de un país a otro, calificando el lugar destino como conveniente o no, o si en lo que realmente debería focalizarse a futuro el marco regulatorio esté relacionado con los protocolos y usos de la información sin importar la jurisdicción en la que se encuentre almacenada la información.

Por supuesto que la necesidad de contar con un nuevo mecanismo de transferencia de datos entre Europa y Estados Unidos se hace necesario para dar certidumbre jurídica al desarrollo tecnológico siga su curso en el corto plazo, pero abre importantes lecciones para economías emergentes que aún se encuentran discutiendo sobre el mejor mecanismo regulatorio a implementar en la materia con una visión de mediano y largo plazo, si es que es posible pensar de esa manera en este sector tan altamente dinámico.

Solo para dar un contexto rápido al lector, si se analiza únicamente a Facebook, se trata de una plataforma que a enero de 2023 podría tener cerca de 2.960 millones de usuarios en el mundo, Instagram y WhatsApp con no menos de 2.000 millones de usuarios cada una, según datos con corte a enero de 2023 reportados por Statista. En otros términos, si se tomaran solamente los usuarios de Facebook, quienes seguramente disponen cuentas en sus otras dos plataformas, estaríamos hablando de 6,6 veces la población total de Europa y 37% de la población total de seres humanos.

El asunto es definitivamente sensible si se tiene en cuenta que en enero de 2013 existían apenas 1.720 millones de usuarios de redes sociales y en enero de 2023 cerca de 4.760. Un crecimiento en la última década a nivel mundial cercano al 177%. Por supuesto que de la forma en que se decida regular a futuro la manera como se maneje el nuevo activo más valioso en la industria digital, dependerá que los beneficios de estos gigantes digitales se logren transferir hacia sus usuarios. de los mercados digitales, representa el insumo más importante para expandir portafolios de servicios.

En el caso de la importante sanción impuesta, el mundo queda expectante sobre la manera como Meta redefinirá en los próximos cinco meses el manejo de la información, de acuerdo con la orden emitida por la Cipd y de la respectiva apelación que ya anunció la cabeza de la compañía realizará contra la decisión. Pero sin duda, las lecciones derivadas de estas actuaciones sancionatorias deben abrir debates sobre la regulación que este tipo de plataformas requieren en el futuro próximo.

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