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Un mundo sin Estado Social

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El Estado Social de derecho fue adoptado por Colombia en la nueva Constitución de 1991. En ella se plantean como fines del Estado: la protección de los derechos fundamentales y la de todos aquellos derechos sociales que le garanticen una vida digna.

Con ello Colombia comienza, en teoría, a amparar la educación, salud, seguridad social, el acceso al deporte y hasta se comprometió a la formación técnica y profesional de quien lo requiera, (Art. 54 de la Constitución), entre muchos otros derechos. A primera vista todo este cúmulo de derechos amparados por el Estado es un ideal deseable, pero, así como también es deseable que se acaben las guerras en el mundo, ambos son una ficción.

El término Estado Social de derecho, en la modernidad, nació en Alemania con el jurista y politólogo Herman Heller, quien acuñó ese término en su obra inconclusa Teoría General del Derecho: vislumbra un modelo que supera el Estado liberal clásico, en el cual se interviene la economía, se redistribuye la riqueza y genera un compromiso social irrenunciable en el cual se impone como misión subsidiar y garantizar derechos para que las personas vivan sin privaciones; dichos derechos fueron paulatinamente aceptados por Europa hasta que finalmente permearon el resto del mundo y a Colombia a partir de la última Constitución.

Pareciera hoy que no se pudiera vivir sin este tipo de Estado. Las generaciones recientes nacieron bajo este modelo, en donde les parece normal que el Estado financie parte de la educación, subsidie distintos grupos económicos e intervenga la economía para crear más subsidios cuando le parezca conveniente. Lo malo es que la mayoría ignora que el Estado no da nada gratis, simplemente saca del bolsillo de todas las personas para dar estos beneficios a unos pocos.

Con el Estado Social de Derecho ocurre como con el clásico problema de los bienes comunes: un bien al ser de todos, va a ser sobre explotado, pues si no lo hace un individuo, otro lo hará. Por tanto, el hueco que genera este modelo lleva a que nuevos derechos sean reconocidos y subvencionados por todas las personas que pagan impuestos.

En varios países está ya el subsidio al desempleo y recientemente en nuestro país, el de la vivienda digna, donde se estuvieron regalando durante varios años casas, superando, según la presidencia, el millón de entregas, las cuales fueron utilizadas no solo para dar cumplimiento al Art. 51 de la Constitución sino para hacer política. Y aquí se encierra otro problema: los subsidios y el Estado garantista son el arma perfecta para el populismo.

El mundo debe repensar el Estado Social de Derecho, pues en gran parte es su culpa varias de las crisis económicas de las que se recuperan Europa y Estados Unidos. El endeudamiento también crece en Colombia al igual que los impuestos; tal vez las nuevas generaciones despierten y se den cuenta que un mundo sin tantos subsidios es posible y que puede existir un Estado sin todo ese componente “social”.

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