Sobramos cómplices

El lunes pasado, en la estación de la calle 26, conté siete vidrios rotos antes de llegar al torniquete. Uno estaba reventado por una piedra; los otros, por aburrimiento. El piso tenía manchas y alguien había escrito, con marcador grueso, groserías sobre el mapa del sistema. Nada de eso sorprendió a los transeúntes.

En Bogotá hemos normalizado el deterioro de lo público al punto de no verlo. Caminamos entre basura acumulada, mobiliario destrozado y paredes rayadas como quien atraviesa el clima: con resignación. La Uaesp recoge más de 6.700 toneladas de residuos al día, y una parte considerable termina en separadores y andenes por mala disposición. Solo en lo corrido de 2026, TransMilenio acumula 184 guardas de seguridad agredidos por evasores del pasaje, una agresión cada 14 horas, y la evasión bordea 15% de los usuarios y representa pérdidas anuales cercanas a $264.000 millones. Esta misma semana, en la estación Calle 76, dos buses fueron vandalizados, hubo grafitis en torniquetes, hurto de un extintor y cámaras pintadas para impedir la grabación.

Mientras tanto, en el metro de Tokio nadie vigila los vagones porque nadie los raya; en Singapur, comer en el sistema se sanciona con multas de hasta US$500 y la regla se respeta; en Helsinki, los andenes amanecen limpios sin operarios visibles. No es que esos países sean más ricos: es que decidieron, hace décadas, que lo público merecía cuidarse.

El problema, por lo tanto, no es material, es cultural. Existe entre nosotros la convicción silenciosa de que lo público no tiene doliente y, por lo tanto, no merece cuidado. Esa idea no se enseña en ningún colegio, pero se aprende en todas partes: en el funcionario que roba, en el vecino que arroja la bolsa al andén, en el manifestante que rompe la estación a la que mañana volverá a subirse.

Resulta paradójico que sean, a veces, los sectores que más dependen de lo público quienes peor lo tratan. Universidades estatales con presupuestos exiguos terminan con paredes tatuadas y baños inservibles. Marchas que reclaman más Estado dejan a su paso el Estado roto. Se exige inversión y se destruye lo invertido, en una contradicción que ya nadie se molesta en explicar.

Y entonces uno viaja a Medellín y entiende que la cosa podría ser distinta. La llamada “cultura Metro” no es un eslogan: es una conducta observable. La gente hace fila, no raya los vidrios. Las estaciones de hace años siguen impecables. No ocurrió por milagro ni por temperamento paisa: ocurrió porque hubo, durante décadas, una pedagogía sostenida, una sanción social real y una clase dirigente que entendió que el sistema era un símbolo y debía cuidarse como tal. Bogotá ha intentado lo mismo a ratos, con murales, campañas y discursos, pero sin constancia ni convicción. Aquí el civismo es una moda municipal: dura lo que dura una alcaldía.

La corrupción agrava el cuadro. Cuando quien administra los recursos no los respeta, el ciudadano recibe un permiso tácito para imitarlo. Si el contrato se infla, ¿por qué no rayar la pared? Si el funcionario se sirve, ¿por qué no botar la basura donde caiga? El deterioro físico de las ciudades es, casi siempre, la traducción urbana de un deterioro moral previo.

Ningún plan de embellecimiento, ningún mural, ningún operativo de limpieza va a funcionar mientras no aceptemos que el problema empieza con los ciudadanos. No en el alcalde de turno, no en “la gente” como abstracción, sino en cada uno: en quien tira el vaso por la ventana del carro, en quien raya el ascensor.

Lo público no es de nadie solo si decidimos que no lo sea. Mientras tanto, los siete vidrios rotos de la estación de la calle 26 seguirán ahí. Y mañana serán ocho. Y pasado mañana, nueve. No porque falte presupuesto. Porque sobramos cómplices.