Elecciones: gasolina al fuego

La noche del 31 de mayo, mientras la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmaba que Abelardo de la Espriella había obtenido 10.361.413 votos (43,74%) frente a los 9.688.245 (40,90%) de Iván Cepeda, los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta el 21 de junio salieron a herirse. De la Espriella llamó a Cepeda “heredero de las Farc” y prometió defender la democracia “por la razón o por la fuerza”, una frase prestada del escudo chileno que en Colombia tiene un eco más áspero.

Cepeda, desde la otra orilla, lo calificó de “abogado de los paramilitares en San José de Ralito”, “estafador de estafadores” y dijo que representa “el fascismo mafioso”.

El problema no es que haya controversia política; la democracia vive del debate, de la crítica, de la confrontación de ideas. El problema es cuando la palabra deja de ser argumento y se vuelve gasolina; cuando se le habla al país como si fuera una trinchera y al adversario como si fuera un enemigo armado.

A esa orquesta de descalificaciones se suma una voz importante. El presidente Gustavo Petro ha insistido en cuestionar el proceso electoral con acusaciones de fraude. Habla de 5.300 mesas “atípicas”, de una modificación del censo el 26 de mayo y de un código fuente que la Registraduría se habría negado a entregar. Frente a esos señalamientos, el registrador Hernán Penagos ha defendido la normalidad del escrutinio, el procurador Gregorio Eljach ha dicho que no existe “prueba o indicio” que sustente las acusaciones, y la directora de la MOE, Alejandra Barrios, ha recordado que el preconteo es solo informativo y que el escrutinio oficial tiene múltiples controles. Cuando un mandatario cuestiona el proceso sin pruebas concluyentes, no está haciendo una denuncia más: está minando el mecanismo que lo eligió a él mismo.

Colombia conoce demasiado bien lo que ocurre cuando la política se convierte en odio. No somos un país sin memoria, aunque a veces actuemos como si lo fuéramos. En el siglo XIX, las guerras civiles partidistas dejaron una huella que aún se siente en los apellidos. En el siglo XX, la violencia liberal-conservadora estalló con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948. El Frente Nacional, ese pacto entre liberales y conservadores entre 1958 y 1974, fue precisamente un intento de cerrar el ciclo de sangre mediante una repartición forzada del poder; trajo estabilidad, pero también exclusión y nuevas tensiones. Después vinieron los asesinatos de candidatos presidenciales, el exterminio de la Unión Patriótica y la guerra contra los carteles. Un país con nuestra historia no puede tratar la violencia política como una metáfora. Aquí las palabras han matado, han desplazado, han incendiado ciudades y han roto familias.

Por eso el tono importa. Importa que De la Espriella entienda que ganar la primera vuelta no autoriza a hablar como si la segunda fuera una guerra. Importa que Cepeda comprenda que llamar “fascista mafioso” al rival es un atajo retórico que se devuelve. Importa que Petro, como jefe de Estado, recuerde que la institucionalidad que hoy cuestiona es la misma que lo llevó al Palacio. Las palabras de quienes tienen poder no quedan en el aire: bajan a las calles, a las redes, a los barrios, a las familias.

Faltan poco más de dos semanas. En ese tiempo, los candidatos pueden elegir entre incendiar el ambiente o devolverle al país un mínimo de sosiego. Pueden elegir entre ganar a cualquier precio o gobernar mañana sobre algo distinto a una pira. La democracia no se defiende gritando más duro; se defiende aceptando que el poder se gana y se pierde dentro de las reglas, y que el adversario de hoy es el ciudadano de mañana. Lo demás -los tigres, los bandidos, los herederos, los fascistas- es leña. Y en Colombia no aprendemos cómo terminan los incendios.