Conexión colombo-francesa

Si por Colombia llueve, en Francia no escampa. Y no me refiero al fenómeno metereológico, sino a las reformas pensionales que cursan en ambos países. Tanto en Colombia como en Francia las propuestas de reforma han causado revuelo, pero por razones muy diferentes. En el caso de Francia la reforma es impopular con los sindicatos y con líderes de izquierda y en Colombia lo es con economistas y con directores de gremios.

La reforma pensional de Macron busca elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años. Su principal motivación es la sostenibilidad fiscal. En muchos países que tienen sistemas de pensiones públicos o mixtos los aportes de los trabajadores no alcanzan a cubrir la carga pensional. Ese déficit tiende a aumentar a medida que la población envejece y cuando la masa crítica de trabajadores es insuficiente para alimentar con sus aportes el sistema. Elevar la edad de jubilación reduce la presión presupuestal. Si Francia no hace nada, estaría pateando el problema hacia adelante y haría necesario gravar con mayores impuestos a los jóvenes de hoy en el futuro.

En Colombia, por el contrario, la propuesta de reforma del gobierno aparentemente aumentaría el pasivo pensional -Asofondos dice que de 110% a 220%-. La propuesta del ejecutivo lo que busca principalmente es garantizar una pensión mínima a adultos mayores. Hasta ahí estamos de acuerdo. En la medida de lo posible hay que proteger a nuestros viejos. Sin embargo, el proyecto parece no corregir la sostenibilidad del sistema. Como muchas de las propuestas populistas del ejecutivo, se propone gastar más pero sin plantear con claridad de dónde saldría la plata. Y eso lo que termina significando son más reformas tributarias a futuro que seguramente le cargarían la mano a los mismos de siempre: asalariados formales y empresarios.

Algo positivo de la propuesta pensional del gobierno es que propone reducir las megapensiones del régimen de prima media, que representan un subsidio a los más pudientes. Pero ese recorte parece que no alcanza a compensar el mayor gasto que implica el nuevo subsidio pensional a los adultos mayores de más de 65 años. Lo cierto es que no tiene ninguna presentación que un país que tiene millones de adultos mayores sin pensión tenga personas adineradas recibiendo pensiones gigantes subsidiadas por el Estado. Esto es algo que gobiernos anteriores trataron de corregir sin éxito. Es muy difícil que una reforma que busca reducirle las pensiones a los privilegiados del país, dentro de los cuales están los parlamentarios, tenga tracción en el congreso.

La reforma pensional no se puede analizar sin considerar el problema del desempleo y la informalidad. Ahí es donde realmente está la pepa del problema. Si queremos que el sistema sea medianamente auto sostenible, se necesitan muchos más trabajadores aportando al sistema. Pero, si por el otro lado las iniciativas que emprende el gobierno lo que hacen es elevar el costo del trabajo formal, habrá menos gente contribuyendo porque muchos empresarios no estarán dispuestos a contratar con todas las cargas de ley. Como el salario es un precio -el precio del trabajo-, si es muy caro la gente no lo compra. O, por lo menos, no lo compra legalmente. Es aritmética simple. Si no hay suficientes empleados formales aportando al sistema, el sistema estará desfinanciado y el Estado tendrá que salir a poner el dinero faltante. Y, si cada vez se destina mas plata para cubrir el pasivo pensional, habrá menos recursos para temas prioritarios como infraestructura, educación, seguridad, salud, etc.