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Estimados colaboradores:
Se acercan decisiones importantes para el país. Y, aunque cada uno es libre de votar como quiera, vale la pena reflexionar sobre lo que está en juego para Colombia y lo que representan los candidatos que lideran las encuestas. Por eso quiero tomarme un momento para hablarles, no como su jefe, sino como alguien que, al igual que ustedes, trabaja todos los días para sacar adelante a su familia.
De un lado está el candidato de izquierda, un comunista abiertamente hostil a las empresas privadas -como la nuestra-, que toda su vida ha simpatizado con grupos guerrilleros. Por el otro, hay dos candidatos que creen que la única forma de progresar es a través del crecimiento de las empresas privadas -como la nuestra- y derrotando la criminalidad con la autoridad del Estado.
No les niego que, si me pusiera en los zapatos de muchos compatriotas pobres y asalariados del mínimo, el discurso de la izquierda también me parecería seductor. Este plantea que hay mucha desigualdad y que los responsables son los ricos que no quieren compartir su riqueza y que explotan al pueblo para conseguirla. Por eso, desde el Estado, se propone quitarle a unos para darle a otros.
Esta idea conecta emocionalmente y desnuda un rasgo humano: es más fácil culpar a otros que asumir nuestras propias responsabilidades. Es más cómodo pensar que alguien debería resolvernos la vida, en lugar de construirla nosotros mismos. Incluso toca uno de nuestros impulsos más primarios: la envidia; desear que alguien pierda lo que tiene, aunque eso implique que todos perdamos.
El problema es que la realidad no funciona así. Los empresarios cumplen un papel clave en la sociedad: arriesgan su dinero para generar oportunidades. Si les va bien, ese beneficio se comparte a través de empleos e impuestos; si les va mal, la pérdida la asumen solo ellos. Cuando una sociedad castiga al que invierte, produce y genera empleo, no se crea riqueza, sino que se distribuye pobreza.
Piensen en esto: hoy las empresas privadas en Colombia entregan al Estado más de 55% de lo que ganan. Es decir, el Estado es el mayor accionista de todas las empresas, lo que nos hace a todos, indirectamente, copropietarios. Si esto es así, ¿cómo se explica que se busque seguir debilitándolas con más impuestos y cargas? Y, si hay menos empresas prósperas, ¿de dónde saldrán los recursos para financiar tantas promesas?
Muchos colombianos pensarán que no tienen nada que perder. Otros creerán que su trabajo no es gran cosa. Pero sí hay mucho en juego: todo puede empeorar. Basta mirar a millones de venezolanos que creyeron en ese discurso y perdieron su sustento y su libertad.
¿Qué pueden perder? Para empezar, su empleo. Empresas como la nuestra tendrán que recortar gastos si la economía se deteriora, si se imponen controles de precios y si se siguen aumentando los impuestos.
También pueden perder la libertad de elegir a sus gobernantes, como ocurrió en Venezuela y Nicaragua. El proyecto de la izquierda radical es convocar una Asamblea Constituyente para, entre otras cosas, eliminar controles al poder presidencial y, seguramente, permitir la reelección indefinida. Si eso sucede, podemos decirle adiós a nuestra democracia.
Al final, aunque nadie nos quite directamente nuestras cosas, todos los activos se desvalorizan y el dinero alcanzará para menos en un país sin inversión ni libertad. Poco a poco, todos nos volveremos más pobres si elegimos a la persona equivocada.