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Analistas 10/11/2022

¿Cuánto nos cuesta reducir las emisiones?

Juan Felipe Bedoya
Gerente General de Porsche Colombia

A horas de la apertura de la COP27 en Sharm el-Sheikh, la revista The Economist anunció lo que muchos ambientalistas lamentan reconocer: el objetivo de evitar un incremento de la temperatura global en 1.5 C no se alcanzará. Las eventuales consecuencias son catastróficas para muchos ecosistemas e impone condiciones de vida inhumanas en muchas poblaciones; multiplica la necesidad en inversiones requeridas en el desarrollo de tecnologías en energías renovables asequibles y exigirá billones de dólares en la adaptación de esas poblaciones vulnerables. Además se hacen impostergables gigantescos recortes en el uso de combustibles fósiles tradicionales, algo que parece poco probable dada la evidencia de los últimos años.

En este escenario, soluciones al cambio climático que antes nos parecían sacadas de una película de ciencia ficción, ahora están bajo discusión y se hacen necesarias. La tecnología de captura de carbono en la atmosfera, disponible actualmente, debe lograr escalabilidad y, de otro lado, el enfriamiento de la atmósfera mediante la modificación de la radicación solar, a partir de la dispersión de partículas de fosfato en la estratosfera, lo que se conoce como goingenieria solar, debe ser una realidad lo antes posible, para contrarrestar la temperatura creciente ante las imparables emisiones de CO2. Claro, ahora estas soluciones no costarán billones sino trillones de dólares.

El Nudo Gordiano del reto climático se desataría cuando el consenso de la comunidad permita implementar un conjunto de múltiples soluciones con efectos en el corto y mediano plazo en el abatimiento de las emisiones. Estas podrían categorizarse en elementos de la política pública que regulen, exijan y promuevan la adopción de nuevas tecnologías y el respeto al medio ambiente; en decisiones empresariales que eleven al mismo nivel objetivos de rentabilidad y sostenibilidad y generen las inversiones correspondientes y, por último, un cambio decidido en los hábitos de las personas que permita un consumo sostenible. Este consenso es lo que le daría sentido a la transición energética, el cual se debe lograr en cada uno, de familia en familia y comunidad en comunidad. Allí es donde hemos fracasado, pero en lo que no debemos desfallecer.

En Colombia debemos lograr un consenso que nos permita alcanzar un crecimiento sostenible, sustentable y suficiente, tal que se resuelva el problema de la pobreza con el menor impacto sobre el medio ambiente. Pero nuestra realidad es totalmente diferente, mientras en los países desarrollados el transporte y la industria son los jugadores más relevantes en las emisiones de CO2, la emisiones nacionales están determinadas por la deforestación y el cambio y uso del suelo, representando más del 50% de los Gases Efecto Invernadero – GEI -. No podemos desconocer los esfuerzos que deben realizarse en el transporte, la industria pesada, la minería legal e ilegal, pero la prioridad está clara.

Entre el 2016 y 2021 se han deforestado más de 1.1 millones de hectáreas de bosque en Colombia principalmente en los departamentos de Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo. No es de sorprender que el 66% del área corresponda a la biomasa Amazónica. El diagnóstico de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible - FCDS – apunta a que un elemento decisivo de la deforestación es la apropiación de tierras baldías del Estado y su uso en la ganadería, cuya carne termina en el consumo en Bogotá y el Valle del Cauca, además el desarrollo de la infraestructura del Estado e informal facilita el fenómeno. En las áreas deforestadas se cuentan cerca de 20 mil kilómetros de vías, algo abrumador si se compara con el tamaño de la Red de Carreteras de todo el país: 200 mil kilómetros, esto se explica porque la ganadería así explotada reditúa 49% por cada peso invertido.

Los cultivos de coca son también un detonante de la deforestación, en el 2021 cerca del 20% del cultivo se ubicaba en el arco de la deforestación, superando 30 mil hectáreas. El desarrollo del cultivo de palma de aceite crece de manera exponencial: más de 500% en el sur del Meta y Guaviare alcanzando 28 mil hectáreas en el censo del 2021 y, en parte, se desarrolla en áreas protegidas; al igual que la minería ilegal, en la que se identifican más de 9 mil hectárea en la zona de la Amazonía colombiana, con efectos evidentes sobre los ríos del suroriente colombiano.

La diferencia con los países más desarrollados se hace aún más evidente cuando valoramos el costo de las soluciones, mientras que en Europa o Estados Unidos el desarrollo de energías renovables, la mayor eficiencia de motores y la captura de carbono, entre otros, suponen billones de dólares en inversión, en Colombia requerimos la presencia del Estado exigiendo el cumplimiento de la ley, enjuiciando y condenando a todos aquellos que delinquen y trafican con la tierra al margen de la ley o para actividades agropecuarias o agroindustriales conexas, lo cual aparentemente debería ser financiado con el gasto corriente del Estado. Sin embargo, aun cuando se requirieran recursos adicionales, nada que comparar con el esfuerzo económico de lanzar partículas de fosfato a la estratosfera.

El reto del cambio climático en Colombia requiere, prioritariamente, del consenso de la sociedad en defender los derechos adquiridos por la Amazonia, condenar a los determinantes de la deforestación y prohibir la comercialización de los productos obtenidos a partir de estos delitos. La suscripción del Acuerdo de Escazú y el inicio de sesiones de la Comisión Accidental de Bosques y Cambio Climático en la Cámara de Representantes, además de la manifestación del presidente Petro en su discurso en Egipto de otorgar 200 millones de dólares por 20 años para salvar la Amazonía de nuestro país, son elementos alentadores. Sin embargo, lo que se reclama hoy en día, tal como lo expresó Sameh Shoukry Presidente de la COP27 es la implementación de todo aquello ofrecido por años, estamos urgidos de acciones claras y decididas del sector privado y los gremios como la SAC, Fedegan, Fedepalma y Fenalco para condenar estas actividades y, finalmente, un Gobierno que encuentre un motor de crecimiento en nuestra economía que permita la generación y distribución de riqueza. ¡En este reto no podemos desfallecer por enorme que nos parezca!.

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