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Tribuna universitaria 24/01/2019

Factura a 30 días

Juan Carlos Zuleta Acevedo
Consultor en Emprendimiento e Innovación

Después de leer el proyecto de ley “Por medio del cual se adoptan normas de pago en plazos justos” que radicó a finales del año pasado el Representante Mauricio Toro, inmediatamente me manifesté a favor de esta iniciativa que, en caso de aprobarse, cambiará muchas de las prácticas mercantiles que han regido la actividad comercial del país por mucho tiempo.

Una de las justificaciones principales de este proyecto de ley radica en la cantidad de emprendimientos que no logran sobrevivir a los primeros años de operación debido a la alta iliquidez ocasionada por los extensos plazos de pago que se manejan en algunos sectores de la economía.

Todas las empresas y emprendimientos siempre han procurado generar liquidez gestionando el capital de trabajo de la mejor manera, lo que en un mundo ideal equivaldría a vender de contado, no tener inventarios y negociar largos plazos de pago con los proveedores. En otras palabras: trabajar con la plata del otro. Sin embargo, la realidad es muy diferente, pues no siempre es posible negociar buenos plazos de pago con los clientes y proveedores, especialmente si son más grandes y ostentan una posición dominante en el mercado. Además, en un país con tanta incertidumbre como Colombia, a veces da más tranquilidad tener inventarios altos para evitar desabastecimientos que depender del gremio transportador, el estado de las vías, la situación de orden público y un largo etcétera. Otra forma de conseguir liquidez es acudiendo al sector financiero por medio de figuras como el factoring y los cupos de capital de trabajo, que obviamente tienen un costo.

En este caso, la ley busca afrontar el problema de la iliquidez definiendo un plazo de pago máximo de 30 días para todos los actores de la economía, sin importar su tamaño y ubicación en la cadena de valor del sector. Al cambiar las condiciones del mercado, también se generarán nuevas situaciones de negocio que las empresas deberán afrontar y para las que muy seguramente necesitarán reinventarse porque, de otra manera, tampoco sobrevivirán.

Estamos ante un proyecto de ley disruptivo, pues todos aquellos sectores o empresas que han logrado posicionar el plazo de pago como uno de los atributos importantes de su propuesta de valor, deberán replantear el modelo de negocio si quieren seguir compitiendo, porque precisamente el plazo de pago dejará de ser un diferenciador y los clientes comenzarán a darle mayor relevancia a otros atributos de los productos o servicios como el diseño, la calidad, el servicio al cliente, las condiciones logísticas, la garantía, el precio, entre otros.

La mayor liquidez que se generará, si se aprueba esta ley, la debe aprovechar cada empresa para crecer y fortalecer su nueva posición en el mercado, aumentando el portafolio de clientes y accediendo a sectores en los que el plazo de pago era una barrera de entrada, pero sobre todo, innovando en el modelo de negocio y agregando más valor a sus productos y servicios.