Sin arbitraje no hay inversión

El presidente Gustavo Petro quiere darle la última estocada a la inversión en el país. Su decisión de retirar a Colombia de los tribunales internacionales de inversión solo demuestra que no tiene ningún interés en la vinculación de capital privado en la generación y creación de empresas, muestra su desprecio por la generación de riqueza, profundiza su ánimo estatista sobre la economía y estanca el crecimiento y el desarrollo.

Hoy vivimos en un mundo globalizado en el que el capital puede migrar de un país a otro, buscando mayor rentabilidad y mayor seguridad jurídica. Las reglas de juego se constituyen en uno de los principales elementos a considerar a la hora de embarcarse en un nuevo negocio. Los tribunales internacionales de inversión cumplen como función principal darle seguridad a los empresarios para acudir a una jurisdicción que garantice la protección de sus derechos, más aún cuando, en un país como Colombia, la justicia ordinaria tiene un pecado que consiste en la altísima demora en la toma de decisiones, lo que conlleva una incertidumbre prolongada para los inversionistas.

Renunciar a este mecanismo implica un cambio trascendental en las reglas de juego para los inversionistas actuales y futuros; ahuyentará el capital extranjero, además de convertir en letra muerta los acuerdos de inversión suscritos por el país. Las inversiones estarán en grave riesgo de perderse o, peor aún, de ser expropiadas por el Gobierno sin ningún tipo de indemnización.

Como se ha documentado, la inversión extranjera directa se encuentra en sus niveles más bajos, reflejando una situación realmente preocupante. Debemos recordar que, en los últimos dos años, esta ha caído en más de 30%, al punto de verse desplazada por las remesas como principal fuente de ingreso de capitales, y que la formación bruta de capital se encuentra en niveles de 16%, siendo la menor del siglo; me atrevo a decir que una de las más bajas de nuestra historia republicana.

Lo anterior, sumado a la excesiva carga impositiva a las empresas -caracterizada por la imposición de impuestos absolutamente antitécnicos como el del patrimonio a personas jurídicas, la sobretasa de renta a sectores de alta inversión como el extractivo, los elevados costos laborales que no responden a nuestra realidad económica, la animadversión y persecución por parte del Gobierno al sector productivo mediante sus superintendencias utilizadas como policías políticas, así como el deterioro de la seguridad- hace que cada día Colombia se vuelva un país menos atractivo para la inversión y para la generación de riqueza.

Si en Colombia no existe inversión, será imposible lograr el crecimiento necesario para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, que cada día reclaman más bienes y servicios del Estado. De igual manera, el recaudo tributario seguirá contrayéndose y el país no podrá soportar el excesivo gasto público. Nuestra economía no puede sostenerse en el gasto del Gobierno y el consumo de los hogares cuando la industria, la construcción y el sector extractivo se contraen. Cada día será mayor la participación del servicio de la deuda en el presupuesto y más difícil obtener financiación.

El próximo Gobierno -que, por el bien del país, espero sea el de Paloma Valencia, a quien considero la más preparada y que además cuenta con el mejor equipo de trabajo- deberá revertir esta situación buscando atraer más inversión y garantizando seguridad jurídica.

Para este fin, debe pensarse, entre otros mecanismos, en la depreciación acelerada de las inversiones, la eliminación de impuestos que distorsionan los mercados, los contratos de estabilidad jurídica, la agilización de las licencias ambientales y de las consultas previas, así como en esquemas de homologación en materia sanitaria para que productos autorizados en EE.UU. o Europa puedan ingresar sin tener que sufrir el calvario del Invima. Solo así el país retornará a una senda real de crecimiento y desarrollo y se podrá pensar en un futuro mejor.