La dictadura ambiental

A raíz del abuso que se está dando por parte del Gobierno Nacional con el proyecto de Resolución en que establece lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá que, valga decir, es inconstitucional, pues además de atentar contra la descentralización y la autonomía territorial, demuestra el autoritarismo del Ejecutivo, razón por la cual surge una gran reflexión; estamos bajo una dictadura ambiental.

Todos los colombianos reconocemos la importancia de la conservación ambiental, de la protección del ambiente sano, de la necesidad preservar nuestros recursos naturales y del riesgo en que nos encontramos por el cambio climático. Sin embargo, no podemos caer en el absolutismo por procurar su protección. No podemos renunciar a nuestro desarrollo, a nuestra calidad de vida, a nuestro sustento y costumbres por garantizar su conservación y restauración.

Hoy, en defensa del ambiente, estamos sacrificando incluso nuestra propia supervivencia, nuestro sustento económico y la realización efectiva de nuestros derechos. Ejemplos abundan; renunciamos a los recursos provenientes del sector extractivo, por no suscribir nuevos contratos; perdimos la oportunidad de iniciar los proyectos de hidrocarburos costa afuera, por la imposición de unos requisitos en materia ambiental imposibles de cumplir. Con esto estamos poniendo en riesgo no sólo nuestra soberanía energética, nuestros servicios públicos y empleos, sino a la capacidad del Estado de prestar los servicios públicos que tanto requerimos.

Hoy está en riesgo la energía necesaria para atender a la población. El licenciamiento ambiental para los proyectos de generación o transmisión que se requieren para garantizar la prestación del servicio, o se rechazan o se dilatan sin mayor justificación.

Hablamos de la escasez del recurso hídrico, pero prohibimos su aprovechamiento. Las vías que necesitamos para desarrollar nuestro campo y para descongestionar nuestras ciudades se ven trabadas por no contar con las autorizaciones ambientales que exageradamente se exigen. Solo hay que ver cómo la ampliación de la autopista norte en Bogotá, se truncó por el abuso de las autoridades ambientales que negaron la oportunidad de mejorar las condiciones de vida de toda la ciudad.

Proliferan las restricciones al uso y aprovechamiento del suelo, se abusa de las reservas temporales, se crean las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, Appa, las Zappa, los Territorios Campesinos Agroalimentarios, Tecam. Igualmente, se otorgan facultades en materia ambiental a las comunidades indígenas sin que estas cuenten con el conocimiento técnico, con la capacidad de efectuar los análisis de impacto, como tampoco, valorar los efectos de sus decisiones. Todo esto nos lleva a tener anarquía en el territorio, a que la autonomía territorial desaparezca y a que exista una primacía ambiental sobre las personas y sus necesidades reales.

Llegamos al extremo de otorgar derechos a los ríos, bosques, humedales, selvas y demás, cuando no estamos en condiciones de hacer cumplir los derechos de las personas ni de garantizar su sustento. Al mismo tiempo, desconocemos derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas por otorgar una protección especial a un nuevo valor ambiental. Obligamos a la restauración de áreas y le asignamos millonarios recursos cuando al mismo tiempo no creamos políticas eficaces contra la deforestación. Siempre será mucho más fácil y más efectivo conservar que reparar. Los recursos son escasos y debemos destinarlos a las acciones que generan mayor impacto.

Nos obligamos a una transición energética para la cual no tenemos recursos y no entendemos que debemos aprovechar la riqueza con la que contamos y que el real cambio se debe dar en el consumo y no en las formas de producción. Nuestra Constitución impone centrar las acciones del Estado en las personas y hoy las estamos dejando de lado por la dictadura ambiental.