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La suspensión de la Regla Fiscal no es más que la confirmación de qué el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha tenido un manejo irresponsable de las finanzas públicas. Estamos ad portas de terminar 2025 con el mayor déficit fiscal en la historia del país, con excepción de la pandemia. Las consecuencias serán de tal magnitud, que la inversión en el desaparecerá, el nivel de la deuda, alcanzará niveles que la harán insostenible, los intereses que tendremos que pagar todos los colombianos nos quitarán cualquier posibilidad de ahorro y por supuesto, nos robarán los logros sociales.
Esta manifestación del Gobierno de suspender la Regla Fiscal, sólo muestra y reafirma que esta se incumplió en 2024 y en 2025 se quiso maquillar mediante falsos tecnicismos, convirtiéndola en un chiste. Según el Marco Fiscal, para 2025 el déficit fiscal esperado era de 5,1% del PIB, y hoy los más optimistas hablan que alcanzará más de 7,5% del PIB, esto, sin que se presente un hecho extraordinario, razón por la cual no existe justificación para su incumplimiento y suspensión de su aplicación.
Este déficit fiscal es producto del exceso de gasto del Gobierno, de la desaparición de la inversión, del nulo crecimiento y en especial del pésimo manejo de las finanzas públicas. Recordemos que para este año, el Congreso de la República negó el Presupuesto y el Gobierno lo expidió por Decreto resaltando que las proyecciones de ingresos se sabía estaban infladas y manipuladas; nadie en su sano juicio, proyecta un aumento en el recaudo tributario superior a 22%, cuando nuestra economía en 2024 escasamente creció menos de un 2%.
Que no se nos olvide que el año pasado, el recaudo tributario tuvo una caída producto de las decisiones erráticas del Ministerio de Hacienda de aumentar las retenciones en el impuesto de renta y de asfixiar al sector privado, a raíz de la reforma tributaria de 2022. Tan grave fue esa decisión, que hasta el mismo Presidente cuestionó es decisión de su Ministro. Sorprendentemente, hoy en junio de 2025, el Gobierno expidió un nuevo Decreto que aumenta las autoretenciones para tapar el actual hueco fiscal y conseguir la caja que no tiene, obligando a los colombianos a anticipar los impuestos de 2026 con el fin de financiar anticipadamente al Estado.
El Gobierno está de salida y ante la gravedad de la situación fiscal, su decisión fue dejarle el problema a la próxima administración que tendrá que lidiar con un déficit disparado, con el cierre de mercados y fuentes de financiamiento, con un gasto desbordado, con un rezago presupuestal histórico, sin grado de inversión y sin ingresos tributarios, pues el Gobierno actual se los gastó sin haberlos recibido.
Hoy Colombia destina la tercera parte de sus ingresos tributarios al pago de intereses de deuda y, de continuar por este rumbo el país se va a quebrar, cada día destinamos más recursos a estos pagos y menos al cumplimiento de las funciones del Estado donde la principal es la seguridad y la prestación de bienes y servicios en favor de la comunidad.
La pérdida de confianza de los mercados y en el manejo de la economía por parte del Gobierno, reducirá la inversión pública, arriesgará las transferencias a las regiones, imposibilitará la prestación de los servicios públicos por parte del Estado. Las pensiones prometidas se esfumarán, los salarios de los funcionarios públicos estarán en el limbo y el Gobierno se paralizará.
Los ciudadanos pagaremos más intereses por nuestra deuda, tendremos que destinar mayor parte de nuestros ingresos a atender nuestra salud, veremos una mayor inflación, el dólar se encarecerá y el empleo se destruirá, todos los colombianos habremos perdido. Es hora de qué todos entendamos que las finanzas públicas nos afectan y que la responsabilidad fiscal es el seguro para que como ciudadanos podamos garantizar nuestros derechos y nuestro un futuro.
El primer daño es el tránsito de la búsqueda genuina de la verdad hacia la imposición de la posverdad, donde los hechos dejan de importar y son reemplazados por narrativas conveniente