Al momento de promulgar la que era en ese momento, 2005, la nueva Constitución de Chile, Ricardo Lagos, presidente en turno, afirmó que por fin su país tenía “una Constitución democrática, del alma permanente de Chile”. El plebiscito celebrado a finales de octubre sugiere que de aquella alma permanente chilena, de la que hablaba Lagos, queda poco.

En el centro de la actual discusión de reforma constitucional está el modelo económico del país austral. Y si bien es cierto que la Constitución de Chile tiene espacios de mejora, como cualquier institución, los logros del modelo económico chileno son innegables, a pesar de que propios y extraños traten de desvirtuarlos o ignorarlos.

Los instrumentos de mercado que han regido la economía chilena en las últimas décadas han impulsado el emprendimiento, la innovación y el crecimiento económico, haciendo de Chile uno de los países más prósperos del continente. El reconocido economista chileno Sebastián Edwards, sin falsa modestia, calificaba a su país como la estrella indiscutible del firmamento latinoamericano. Y tiene razón. Las cifras así lo indican. En el índice de desarrollo humano calculado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Chile se encuentra en la posición 42, mientras el promedio de los países de la región se ubica en el puesto 90.

La tasa de pobreza chilena en 2017 fue de 8,6%, muy inferior al 22,3% del promedio en América Latina. Al clasificar los sistemas de salud, la Organización Mundial de Salud le otorga al chileno el puesto 33, mientras el promedio de la región califica en la posición 81. Varios índices muestran que Chile es el país con mayor libertad económica del continente. Chile, además, fue pionero en los contratos de asociación público-privada en la región y es actualmente el país mejor calificado en materia de infraestructura de América Latina.

Algunos argumentan que todos estos logros son estériles a raíz de la alta desigualdad. No obstante, el análisis detallado de las cifras muestra otra realidad. Es cierto que el coeficiente de Gini que mide la desigualdad de ingresos en Chile es alto (44,4 para 2017 según el Banco Mundial), pero también es cierto que la desigualdad se ha reducido de forma importante: el ingreso per cápita del 10% más pobre aumentó 439% entre 1990 y 2015, mientras el ingreso del 10% más rico de la población aumentó 208% durante el mismo período. De hecho, el acelerado crecimiento ha generado una desigualdad intergeneracional, pero Chile les ofrece a sus cohortes más jóvenes una distribución de ingresos mucho más equitativa.

El coeficiente de Gini de las nuevas generaciones es mucho más bajo, al punto que para aquellos nacidos después de 1975, esta medida de desigualdad es cercana al 0,2, menos de la mitad de la desigualdad de la población general. Chile tiene hoy en día una movilidad intergeneracional igual a la de Alemania o Francia. De hecho, 25% de los hijos de hogares chilenos con ingreso más pobres terminan teniendo también ingresos bajos, una estadística mejor a la de 31% para los países de la Ocde o de 42% en Alemania.

Esperemos que Chile no pierda su rumbo. No obstante, varios antecedentes del actual proceso de reforma preocupan. Y que no quede duda, hay algunos malintencionados en la región que en un canto soterrado invitan al pueblo chileno a unirse al baile. Al baile de la mediocridad, al que danza buena parte del continente.