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Fatiga de reformas

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Esta semana la ley de financiamiento cursa un proceso acelerado en las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso, como un bote de alta velocidad en un mar de aguas ya tranquilas, toda vez que el Gobierno cedió en el punto más impopular -la expansión del IVA a los productos de la canasta familiar- y en otros aspectos relevantes como los impuestos a las pensiones.

El trámite acelerado de esta iniciativa es similar al de las reformas tributarias recientes, en lo que se ha convertido en una nueva tradición decembrina de política económica: la llegada de la decoración navideña en años recientes coincide de manera cada vez más frecuente con una discusión sobre el estatuto tributario. Algunos analistas sugieren que en 2020 tendremos que tener una nueva reforma de impuestos.

Más allá de la indeseable premura con la que se han discutido y aprobado las últimas reformas, el principal reto en materia tributaria que enfrentamos es que, si bien las últimas reformas han pretendido de alguna u otra forma ser estructurales, ninguna lo ha sido verdaderamente. No obstante es evidente que el país tiene un agotamiento, una fatiga, sobre la discusión de una reforma tributaria estructural, que paradójicamente nunca ha llegado.

El gobierno anterior comisionó a un grupo de expertos el estudio de la estructura de impuestos de nuestro país. De las recomendaciones de esta misión, el gobierno anterior adoptó muy pocas, y la actual ley de financiamiento trató de incorporar algunas, sin éxito.

Vale preguntarse si existe el espacio político en un futuro próximo para tener una reforma de impuestos realmente estructural. Dado el precedente, todo parece indicar que no.

Así que con una nueva oportunidad perdida, creo que por el momento toca sincerarnos y afrontar que tendremos que convivir con un estatuto tributario excesivamente complejo, lleno de exenciones no justificadas, donde las empresas siguen siendo el vehículo utilizado para hacer la mayor parte del recaudo, donde son pocas las personas naturales las que aportan en materia de renta, y donde la tributación encarece y recae sobre empresas y empleados formales, incentivando la informalidad- unos de los principales problemas de nuestro país.

La única forma, quizás, de desafiar esta triste realidad de nuestra economía política, es adelantar una nueva misión, que debería centrarse en el problema de la informalidad, retomando el tema tributario y usando como insumo los resultados de la misión anterior, pero con un nuevo alcance y curso.

Este nuevo esfuerzo tendría el reto de construir y difundir el diagnóstico de los problemas del estatuto tributario de manera amplía, en un diálogo no sólo con los sectores industriales, sino con otras fuerzas sociales. Adicionalmente, sería importante tener como insumo en esta discusión estudios sobre los costos y beneficios de las exenciones tributarias vigentes y en trámite de aprobación.

Si hacemos un nuevo intento de generar un renovado consenso – que será necesariamente imperfecto-, en cómo mejorar nuestro sistema tributario, es indispensable que el cambio no sea motivado por una presión de gasto, como en años recientes, sino inspirado por la idea de arreglar de una buena vez todas las deficiencias de un sistema tributario, como el actual, que va en contravía de la formalidad y el crecimiento, y tiene poco que mostrar en términos de equidad.

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