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Hace pocos días, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) se pronunció sobre las cuentas presentadas por el Gobierno en el más reciente Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp). El pronunciamiento del Carf llama la atención sobre varias cifras presentadas y advierte sobre la expansión del gasto público en 2024, lo cual pondría al país en una posición fiscal apretada.
El Mfmp presentado hace un mes muestra que el Gobierno Nacional Central tendrá un déficit fiscal como porcentaje de PIB de 4,3% y 4,5% para 2023 y 2024, respectivamente. Estas cifras de déficit son elevadas y superan las de países vecinos que ha venido realizando ajustes en sus cuentas fiscales después del desequilibrio ocasionado por la pandemia. Para mencionar solo dos ejemplos, que sirven de referencia, Perú y Chile tendrían un déficit como proporción del PIB de 2,1% en 2024.
Un déficit fiscal superior a 4% del PIB para este y el próximo año no solo parece imprudente desde el punto de vista fiscal, sino que sorprende dado que Colombia es uno de los pocos países, si no el único, que ha realizado dos reformas tributarias pospandemia. El país no puede seguir aumentando el gasto público al ritmo actual.
El Gobierno anticipa un gasto primario, es decir, si incluir el pago asociado al servicio de deuda, y sin contar el subsidio a los combustibles, de $330 billones en 2024, superior en $47 billones a la cifra estimada para este año. Este mayor gasto, 16,6% superior al proyectado para 2023, sumado a una cifra en pago de intereses por $7,2 billones y el persistente déficit asociado al subsidio a los combustibles, en particular al diésel, pone a las cuentas fiscales del país en 2024 al límite permitido por la Regla Fiscal y sin margen de maniobra frente a cualquier eventualidad.
De hecho, el Carf advierte que el Gobierno no debe considerar en 2024 como ingresos fiscales recurrentes aquellos asociados a la gestión de la Dian y al arbitramiento de litigios por 1,7% del PIB, ambos inciertos y transitorios.
Si a esta incertidumbre se le suma la relacionada con la falta de fuentes para financiar los eventuales gastos asociados a las reformas sociales, en caso de ser aprobadas, las cuentas fiscales de 2024 y de los próximos años lucen preocupantes. La reforma a la salud puede generar una urgente presión de gasto para ampliar la atención médica y en el mediano plazo puede ocasionar un desborde de los recursos destinados a la salud en ausencia de un control efectivo al gasto. La reforma laboral también implica mayores erogaciones del Gobierno en su función como empleador, y la pensional un aumento del pasivo fiscal en el mediano y largo plazo.
El Congreso debe demandarle al Gobierno un presupuesto de gasto para 2024 más austero. El presupuesto para el próximo año debería ser consistente con un gasto primario del Gobierno Nacional Central, sin incluir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, inferior a los 19,4 puntos del PIB presentados en el Mfmp.
Tener un déficit público tan abultado en 2024 como el estimado de 4,5% del PIB puede exponer al país a un riesgo alto si llegan a materializarse escenarios desfavorables como una recesión económica en Estados Unidos o un enfriamiento de la economía China. Adicionalmente, borra del mapa la posibilidad de avanzar en recuperar el grado de inversión.
