La urgencia de corregir

Los desaciertos en la política pública energética tienen de cabeza al sector. Las medidas improvisadas, los cambios abruptos en la regulación y la poca coherencia entre el discurso y la acción amenazan la estabilidad del sistema eléctrico, así como el avance de la transición energética, la principal bandera del gobierno, que hoy se ve debilitada por una normatividad improvisada que desalienta la inversión y genera desconfianza entre los actores del mercado.

Una de las decisiones regulatorias más cuestionadas por su afectación directa a los proyectos de generación de energía eléctrica a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (Fncer) fue la definición de nuevos precios de escasez del Cargo por Confiabilidad, que estableció un precio significativamente inferior a plantas que operan recursos renovables o carbón, cuyo valor de referencia es de $359/kWh.

Pese a las muchas advertencias, incluida la de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que aseguraba que la medida podría desincentivar el desarrollo de proyectos de generación con Fncer, debido a que dependen en gran medida de ingresos estables y previsibles a largo plazo para ser viables, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) hizo caso omiso de las alertas y siguió adelante con la modificación, atendiendo las directrices del gobierno de “castigar” a las hidroeléctricas

Este desplazamiento de los contratos en firme ha frenado la inversión y profundizado la incertidumbre en el sector. Como era de esperarse, la reducción artificial del valor de referencia en una coyuntura crítica del sistema ha debilitado los incentivos para la contratación a largo plazo, un mecanismo esencial para la financiación y viabilidad de nuevos proyectos. Ante este escenario, muchas empresas han decidido que es más rentable esperar y comprar energía a precios más bajos en el mercado spot que contratar a largo plazo.

Aunque en este 2025, según cifras oficiales del Ministerio de Minas y Energía, Colombia cierra con 13,87% de participación de fuentes renovables en su matriz eléctrica, los avances no están ocurriendo al ritmo proyectado y existe un creciente temor de un nuevo estancamiento. De acuerdo con la Asociación de Energías Renovables (SER Colombia), el país necesita triplicar su capacidad instalada de generación renovable para evitar un déficit estructural de energía a partir de 2027. En los próximos cinco años se requerirán 6.000 megavatios adicionales de fuentes limpias, con una inversión cercana a US$5.000 millones, con la finalidad de que se garantice la energía eléctrica.

Además de desincentivar el desarrollo de nuevos proyectos renovables, la desafortunada medida está poniendo en riesgo la seguridad energética del país y aumentando la probabilidad de racionamientos en el corto y mediano plazo. Este ambiente de incertidumbre se ha convertido en un caldo de cultivo para la desconfianza de inversionistas que demandan amplios horizontes de planeación, estabilidad normativa y seguridad jurídica.

Es impostergable corregir los errores que hoy ponen en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico y el avance de la transición energética. El país no puede permitirse que la ideología política y la falta de visión estratégica sigan guiando la política pública del sector. Se requiere restablecer la confianza mediante reglas claras, consistentes y técnicamente fundamentadas, que devuelvan a los inversionistas la certeza necesaria para desarrollar nueva capacidad de generación.