El GLP reclama su lugar estratégico

La acción clave ante la crisis energética que atraviesa el país es la diversificación. Con la caída en las reservas de gas natural, el Gas Licuado de Petróleo (GLP) ha dejado de ser una alternativa secundaria para convertirse en un respaldo estratégico que ha ayudado a sostener el abastecimiento nacional. El problema es que, justo cuando su rol toma protagonismo, su disponibilidad también empieza a quedarse corta. La tarea pendiente pasa por el reconocimiento de su valor y su integración completa en la canasta energética colombiana.

Aunque la industria reaccionó a tiempo, activando proyectos para traer combustible del exterior, recurrir masivamente al mercado internacional enciende las alarmas sobre la producción interna y la infraestructura del país. Un análisis de la Superservicios evidencia la magnitud del giro: en 2025, las importaciones de GLP escalaron un 112 % respecto al año anterior, sobrepasando las 203.000 toneladas; un salto histórico que demuestra la dependencia rápida y apremiante que el país está desarrollando por este energético.

La primera medida para despejar este panorama es darle al GLP el lugar estratégico que le corresponde en la transición energética como combustible prioritario por su confiabilidad, competitividad y capacidad de respuesta. Este no es un debate teórico ni empieza desde cero. Cuando impulsamos la Ley 2099 de 202, que actualizó la Ley 1715 de 2014, dejamos claro que tanto el gas natural como el GLP son los combustibles puente irremplazables de nuestra matriz. Incluso abrimos la puerta para que recursos públicos cofinancien la sustitución de leña o diésel en hogares y empresas. El marco legal ya existe; lo que ha faltado ha sido la voluntad para aplicarlo. Estas disposiciones normativas son un terreno fértil que el país sigue sin cosechar. Si Colombia pretende avanzar hacia una transición responsable, el GLP debe dejar de tratarse como un actor secundario.

En materia de producción local, aún hay espacio para incentivar proyectos de exploración que incorporen reservas de gas asociado al crudo, así como para optimizar la extracción de líquidos en los yacimientos activos. Estimular esta oferta no solo aliviaría la presión sobre las importaciones, sino que le daría piso térmico al suministro nacional. Sin embargo, el esfuerzo de la industria será estéril sin un viraje regulatorio: el Gobierno y la Creg deben destrabar las inversiones en almacenamiento y transporte, asegurando, además, que la capacidad de importación pueda reaccionar con agilidad cuando la coyuntura lo exija.

Otro punto ciego está en las tarifas de transporte. Si la regulación actual provoca que mover GLP por carretera sea económicamente más atractivo que utilizar poliductos, la señal de mercado está distorsionada. Depender principalmente del transporte terrestre no solo encarece la tarifa final, sino que puede limitar la eficiencia del energético y reducir la capacidad de respuesta del sistema. A este ajuste logístico debe sumarse una focalización adecuada de los subsidios, garantizando que los fondos públicos aseguren su acceso en las regiones más apartadas del país.

De implementarse este paquete de ajustes, el GLP dejará de ser una simple rueda de repuesto ante la escasez de gas natural. Con garantías para producir, mover, importar y subsidiar sin trabas, es la única forma de blindar la soberanía energética de Colombia sin comprometer la competitividad ni la sostenibilidad.