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La organización Transparencia por Colombia indica que entre 2016 y 2020, por hechos de corrupción se han comprometido $92,77 billones, de los que se han recuperado $4,94 billones. Sin embargo, fiscales generales anteriores afirmaron que en Colombia se pierden por corrupción cerca de $50 billones anuales, cifra que representa 10% del presupuesto nacional proyectado para 2025; son recursos de la Nación que se dejan de invertir en programas sociales como los de la salud, educación, agua potable, atención a los niños y, en obras de infraestructura en las diferentes regiones del país que, si se realizaran, generarían intensiva mano de obra.
En los últimos cinco años, Ecopetrol y sus empresas han sido víctimas de 222 atentados que han ocasionado pérdidas por $3,6 billones en la producción y transporte del crudo.
Según cifras de Indepaz, en 2022 los grupos criminales cometieron 94 masacres asesinando 300 personas; en 2023 cometieron 93 masacres en las que murieron 300 compatriotas y en 2024, al 3 de diciembre, habían cometido 71 masacres que segaron la vida de 247 colombianos.
El crimen inhumano del secuestro se cometió contra 203 compatriotas en 2022, en 2023 contra 343 personas y hasta el 13 de septiembre de 2024 se habían secuestrado 616 personas, lo que demuestra que Colombia regresó a las peores épocas del secuestro.
Frente a la extorsión, en 2022 se registraron 9.791 casos, en 2023 se cometieron 10.560 casos, y en el presente año hasta el pasado junio se registraron 5.964 extorsiones.
Las cifras anteriores son una demostración inequívoca del fracaso estruendoso de la política de paz total del Gobierno.
Los efectos sobre la economía están a la vista: en 2023 la fuga de capitales registrada fue de US$4.300 millones y a junio de 2024 la inversión extranjera en Colombia fue de US$6.270 millones, registrándose una caída de 27% frente a 2023.
El recaudo de la Dian desde enero hasta octubre de 2024 fue de $223,86 billones, lo cual representa una caída de 6,7% frente a 2023; a la fecha, 75.000 colombianos han cambiado de residencia fiscal y ahora tributan en otros países.
Según cifras del Cerac (Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos), para 2022, un número de 547.000 colombianos emigraron a otros países, en búsqueda de nuevas oportunidades y tranquilidad.
Según el informe “perspectiva de la migración internacional 2024” de la Ocde, durante 2023 hubo 203.000 colombianos que pidieron asilo en Estados Unidos.
Como respuesta a la situación anterior, al Gobierno no se le ocurrió otra solución que presentar un proyecto de una nueva reforma tributaria para recaudar $9,8 billones que por fortuna el Congreso desestimó.
La verdadera tributaria que dinamizará la economía son la lucha frontal contra la corrupción, el combate sin tregua a los criminales, el freno al derroche de nuestros impuestos en actividades suntuarias y contrataciones innecesarias y la prudencia en los mensajes del gobernante, que causan incertidumbre a los inversionistas. Si lo anterior no se logra, esta administración pasará a la historia como la gran destructora de muchos de nuestros bienes y valores.
