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Analistas 17/03/2018

Petro: ¿la elección anticompetitiva?

Jose Alfredo Jaramillo
Socio Fundador de Jaramillo Abogados

En múltiples pronunciamientos, oficiales y académicos, la administración actual de la SIC ha hecho fértiles esfuerzos por afincar la Libre Competencia Económica como un valor que debe nutrir las relaciones económicas en los mercados. No se ha escatimado presupuesto en la prevención, promoción, detección, investigación y sanción de incumplimientos al régimen de libre competencia nacional. Incluso, se ha sensibilizado a los colombianos respecto a los beneficios que genera al aparato productivo nacional la pugna amplia y profunda de los empresarios por conquistar las decisiones de consumo de los colombianos. Ahora bien, ¿cuál sería el escenario del citado valor en el evento de que llegue Gustavo Petro a la Casa de Nariño?

Debe volverse costumbre de la academia procurar augures de cuál sería el panorama para los agentes del mercado, en términos de la política de competencia, en el evento de que quede elegido uno u otro candidato como jefe de gobierno. Es entonces el momento para representarse la posibilidad de que la extrema izquierda, con todo y sus postulados económicos, arremetan sobre lo andado en materia de libre competencia económica. Es deber recordar que la libre competencia, como la concibe nuestro modelo actual de Estado Social de Derecho, no es nada diferente al principio mediante el cual el Estado y sus instituciones le garantizan a los agentes de mercado la posibilidad de desarrollar sus actividades económicas sobre la oferta y la demanda por sus productos en su más pura acepción. Es decir, el pugilismo entre los jugadores de mercado no solo es deseado, sino que es deber legal. La economía de libre mercado supone que la rivalidad entre oferentes deviene en un mayor bienestar al consumidor final con mejores precios, calidad, servicio e innovación. De tal suerte, la competencia se configura como la columna vertebral de la economía nacional.

En burdo contraste con lo anterior, el socialismo y el comunismo no procuran nada diferente a terminar con el incentivo que el empresario pueda tener para competir con su rivales por los consumidores, a saber; la plusvalía. No existe en los modelos económicos planteados por la extrema izquierda de Petro un lugar para el bienestar del consumidor final propuesto por el libre mercado. A cambio, solo se avizora el intervencionismo, el compañerismo, el colegaje, el cooperativismo y porqué no decirlo, “la cartelización oficial”. Es decir, un Estado que posiblemente se cuente en “Petros” determinando las condiciones del mercado. En términos sencillos, con Petro en el poder, el Estado definirá cuánto se consume, dónde se consume, a qué precios se consume, qué calidades se consumen y por supuesto quién oferta. La anterior verdad, cruda y sencilla, no es nada diferente a desandar lo andado en cuanto a competitividad. ¿O es que acaso en los modelos comunistas se han desarrollado los más idóneos productos y servicios, en donde la calidad, y la idoneidad, y la satisfacción del consumidor sean la regla general? En el comunismo la satisfacción del consumidor nada tiene que ver con la asignación de recursos, es más no parece tener recibo alguno, pues el bienestar del consumidor final no es el bien tutelado. Por el contrario, es el Estado el que se encarga de determinar qué productos se necesitan y en qué cantidades y calidades. En conclusión, Petro es la elección con la que se vería el Estado afectado por un detrimento patrimonial al haber invertido tanto en implementar el valor de la competencia y encontrar una talanquera ideológica insorteable en la extrema izquierda. Por supuesto, los Cclombianos nos veríamos afectados al perder la posibilidad de escoger entre una multiplicidad de oferta los productos y servicios para satisfacer sus necesidades y el país caería en el aletargamiento de los que en ausencia de una competitividad interna deslucen en la contienda por los mercados internacionales, con único resultado el empobrecimiento colectivo.

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