¿Y quién ordena el territorio?

Durante 2016 se podrían lograr importantes avances en el ordenamiento territorial del país. Es un momento privilegiado ya que la gran mayoría de los municipios (916) deben proponer modelos de ordenamiento territorial. La actual coyuntura es afortunada porque estos planes se realizan cada 12 años. 

De acuerdo el art. 9 de la ley 388 de 1997 hay tres modalidades de ordenamiento territorial. El Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que lo deben realizar los municipios con más de 100.000 habitantes. El Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), que compete a los municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes. Y el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) para los municipios de menos de 30.000 habitantes.

La primera motivación para valorar el ordenamiento territorial tiene su origen en las preocupaciones ambientales. La sostenibilidad de las ciudades depende de la armonización de su crecimiento con la conservación de las cuencas, los páramos, los bosques. El respeto por la estructura ecológica principal es una condición necesaria para la conservación de la vida. En sana lógica, el ordenamiento del territorio debe ir a la par con apuestas claras sobre la distribución de la población.

El ordenamiento del territorio ayuda a resolver los conflictos entre la vocación y los usos del suelo, que es evidente en numerosas zonas del país. El uso inadecuado del suelo tiene implicaciones negativas en el medio ambiente y en la productividad.

El ordenamiento del territorio contribuye a la formalización de la propiedad y a la clarificación de los derechos sobre el suelo. Un insumo fundamental para avanzar en esta dirección es el catastro multipropósito, tal y como se propone en el plan de desarrollo, Todos por un Nuevo País. Paz, Equidad, Educación.

Quizás por primera vez en su historia, Colombia está definiendo la frontera agrícola. Este proceso no era claro hace unos años, cuando todavía se colonizaba y se “tumbaba monte”. El Estado ha comenzado a cuantificar las tierras baldías, a delimitar los páramos, y a preocuparse por la protección de los parques. 

En medio de la maraña institucional existente, es legítimo preguntarse por los mecanismos que se adoptarán para coordinar los diferentes planes de ordenamiento. No hay ningún liderazgo. El Ministerio de Agricultura y el Incoder se ahogan en los afanes del minuto, y no tienen un horizonte de mediano plazo. La Unidad de Planeación Rural Agropecuaria (Upra), que ha ido consolidando propuestas técnicas, lucha por ganarse un espacio en el sector agropecuario. 

Planeación Nacional entiende la relevancia del problema y reconoce la necesidad de articular los planes municipales, pero ha sido incapaz de proponer escenarios alternativos que armonicen las dinámicas urbanas, demográficas, regionales y ambientales. El Ministerio de Vivienda ha puesto el  énfasis en la construcción, y ha descuidado los asuntos neurálgicos relacionados con el hábitat y con la conservación de las fuentes de agua. Las corporaciones autónomas regionales (CAR) han demostrado su incapacidad técnica para definir estrategias de largo plazo. Sus miembros terminan capturados por las decisiones politiqueras de corto plazo. La Comisión de Ordenamiento Territorial (COT) no armoniza ni propone alternativas. En fin, no existe una cabeza que coordine. Todo indica, entonces, que los 916 ordenamientos territoriales se harán sin ninguna perspectiva integradora.