Una tributaria coja

Mientras que el contribuyente es uno, los receptores de los impuestos son, por lo menos, tres. Además de tributarle a la Nación, el hogar le tiene que pagar impuestos al municipio y al departamento. Es importante examinar el impacto de estos tres tipos de impuestos en la capacidad de pago del hogar. Se trata de un asunto neurálgico de la tributación que se sigue aplazando. Por ejemplo, en la reforma que acaba de presentar el Gobierno, se amplía la base para el pago de impuesto al patrimonio. Si el activo es un inmueble, el contribuyente también tiene que pagar el predial. La incidencia conjunta de estos dos tributos en el ingreso del hogar nunca se ha analizado de manera sistemática. El cambio en la tributación nacional afecta la disponibilidad de pago para responder antes las exigencias de los impuestos municipales y departamentales. La reflexión es similar en el caso de que se modifiquen los tributos locales.

Las últimas reformas tributarias no han sido integrales, en el sentido de que no han contemplado las interacciones entre los tributos de los gobiernos nacional y local. El asunto se continúa aplazando. Junto con la interacción entre los tributos, se deberían considerar otros aspectos como la debilidad fiscal de los departamentos, que no tienen fuentes estables de ingresos. La Constitución de 1991 tiene un sesgo claro a favor de los municipios que, además, gozan de las bondades fiscales que les otorga la ley 388 de 1997.

La reforma tributaria que acaba de presentar el Gobierno tiene tres características. Primero, como las anteriores, deja de lado los impuestos territoriales. Y, en este sentido, no es integral. Se queda coja. Segundo, es desesperada, y no logra transmitir una opción clara a favor de la progresividad. Y, tercero, se presenta en un momento de intenso debate electoral, así que en el Congreso no será aprobada, como sucedió con el proyecto presentado por el exministro Bonilla.

La próxima reforma tributaria, que será responsabilidad del Gobierno entrante, debería considerar los impuestos territoriales. En las ciudades, el impuesto que más críticas ha tenido es el ICA. Hay cierto consenso en que requiere cambios estructurales, pero no se ha avanzado en propuestas concretas. Los criterios para determinar la tarifa del predial varían considerablemente entre municipios. En la mayoría de ellos la tarifa se define de manera arbitraria, sin respetar criterios de equidad y eficiencia. Sin entorpecer la autonomía municipal se deberían fijar algunos parámetros básicos, como la obligación de que la estructura tarifaria sea progresiva en función del valor del inmueble. Una tributaria integral debería darles a los departamentos, y a las ciudades grandes e intermedias, mayor autonomía para fijar impuestos.

Una tributaria con territorios tendría dos ventajas adicionales. Por un lado, contribuirá a reducir el desbalance fiscal del Gobierno Nacional. Y, por el otro, sería un complemento a la ley de competencias que, se supone, se comenzará a discutir en esta legislatura. Para que haya armonización entre competencias e ingresos, es indispensable que haya mayor autonomía local en la determinación de los tributos.

El hogar se relaciona de diversas maneras con el Estado a través de una combinación de subsidios e impuestos. Aunque las metodologías han ido avanzando, gracias a las encuestas de calidad de vida y de los registros interoperables, todavía no se ha logrado establecer el balance neto entre los impuestos y los subsidios.