Recordando a Diocleciano

En el año 301 el emperador Diocleciano sacó el edicto sobre precios máximos. Con el ánimo de controlar la inflación pretendía fijar todos los precios del Imperio Romano. A pesar de que la pena de muerte era el castigo para quien no cumpliera el mandato, la medida fue un total fracaso. Desde entonces, una y otra vez, se ha demostrado que el control de precios es imposible. Siempre habrá formas de evadir las regulaciones, y en contra de la voluntad de la autoridad suprema, los precios terminan subiendo.

Vale la pena traer a colación la anécdota de Diocleciano ya que el gobierno ha dicho que el aumento del salario mínimo no tendrá efectos negativos sobre la inflación porque habrá control de precios. De manera reiterada, los gobernantes desesperados tratan de intervenir los precios, olvidando que desde los años del Imperio Romano estos ejercicios han sido inútiles.

El aumento del salario mínimo decretado por el gobierno cercano a 23% es desproporcionado, y tendrá efectos negativos sobre la economía y el bienestar de los trabajadores. Esta alza no tiene precedentes. En los últimos 25 años, de manera suave, el salario mínimo ha ido creciendo más que la inflación. En promedio el aumento ha sido 1,8 puntos por encima. Poco a poco se había ido mejorando la capacidad de pago de los trabajadores. De un momento a otro, Petro decide que el aumento será superior a la inflación en 17,5 puntos. Esta cifra rompe de manera abrupta la tendencia que se tenía, y va a generar distorsiones que terminarán reduciendo la capacidad de compra de los trabajadores.

Entre los argumentos que ha utilizado el gobierno para justificar el alza se ha mencionado a Keynes, afirmando que el mayor salario estimula la demanda agregada. Esta afirmación podría ser cierta si el incremento hubiera estado en un margen razonable, digamos cinco o seis puntos por encima de la inflación. Es decir, un aumento del salario mínimo alrededor de 11%.

En la “Teoría General”, Keynes afirma que la demanda agregada depende de 14 factores, que él divide entre seis objetivos y ocho subjetivos. El cambio en la unidad salarial apenas es una de las causas objetivas. Las otras cinco son: la “diferencia entre el ingreso y el ingreso neto”, los “cambios extraordinarios en los valores del capital”, las “variaciones intertemporales de las tasas de descuento”, las “modificaciones de la política fiscal”, y las “expectativas sobre la diferencia entre el valor presente y el futuro del ingreso”. Es claro, entonces, que los mayores salarios no tienen un impacto directo e inmediato en la demanda agregada. Si, por ejemplo, el aumento del salario está acompañado de unas expectativas de mayor inflación, la demanda agregada podría reducirse.

El empleo, dice Keynes, avanza pari passu con un incremento de la inversión. Y ésta depende de que “el público esté dispuesto a aumentar su ahorro medido en unidades salariales”. En opinión de Keynes, la estabilidad del salario monetario es la condición del desarrollo sostenible: “A la luz de estas consideraciones, y después de ponderar los diferentes argumentos, considero que el mantenimiento de un nivel estable de salarios monetarios es la política más recomendable para un sistema cerrado. La misma conclusión se cumplirá en un sistema abierto, siempre y cuando el equilibrio con el resto del mundo pueda asegurarse mediante intercambios flexibles”. En síntesis, el aumento desmedido del salario mínimo es irresponsable y no responde a una lógica keynesiana.