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Paz y política económica

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El primer punto del acuerdo que firmó esta semana el Gobierno con las Farc es crucial para el desarrollo futuro de la economía nacional. La Reforma Rural Integral (RRI) busca transformar de manera sustantiva las relaciones pre-modernas que existen en el campo colombiano. Tal y como ha sido concebida en el acuerdo, la RRI debe llevar a la “transformación estructural del campo”, y una de las expresiones de este proceso sería la eliminación de las “brechas entre el campo y la ciudad”. Se debe buscar que la calidad de vida de la población rural sea similar a la de las ciudades. La mirada de la dinámica rural, continúa el acuerdo, se tendría que realizar desde la perspectiva de las regiones. El propósito final de la RRI es “integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía”.

Para cumplir estos objetivos tan ambiciosos no se requiere abandonar el capitalismo y pasar a un modelo socialista. Las metas del acuerdo apenas son la expresión de una sociedad capitalista moderna. Por tanto, el “modelo” se mantendrá. No obstante, el acuerdo sí exige que haya modificaciones radicales en la política económica y en la concepción que se ha tenido del desarrollo. Las obligaciones del punto uno del acuerdo son de tal naturaleza, que no se pueden cumplir si se mantienen los actuales lineamientos de la política económica. El acuerdo acierta al mostrar que la construcción de la paz demanda cambios sustantivos.

La informalidad de la propiedad es la manifestación más evidente de la pre-modernidad del campo. Para que el mercado de tierras se pueda consolidar, y el cierre de la frontera agrícola se lleve a cabo de manera adecuada, es necesario definir los derechos de propiedad. Con razón, el acuerdo insiste en mejorar la información catastral e integrarla con la de registro.

El acceso a la tierra “es una condición necesaria para la transformación del campo” pero “no es suficiente”. Se requiere, además, que el Estado mejore “la provisión de bienes y servicios públicos como educación, salud, recreación, infraestructura, asistencia técnica, alimentación y nutrición…”. Ello significa que la política pública, que se había centrado en la entrega de subsidios, tiene que cambiar para darle prioridad a la oferta de servicios. Es bueno recordar que la mitad de los municipios del país todavía no tienen acueducto, y que en algunas regiones se siguen presentando casos de niños que mueren de hambre.

Para avanzar hacia las metas del acuerdo habría que renunciar a la “austeridad inteligente”, y llevar a cabo una política económica expansiva. Decisiones como el aumento continuo de la tasa de interés, o la reducción del gasto público, van en contra de lo firmado en Cartagena. Mientras que el acuerdo llama la atención sobre la necesidad de distribuir la riqueza y la tierra, los mensajes gubernamentales sobre la próxima reforma tributaria parecen ir en sentido contrario. La forma como se ha absolutizado la regla fiscal tampoco contribuye al clima de paz.

Los instrumentos de la nueva política económica para el campo ya se han diseñado bastante bien en dos informes recientes: Misión para la Transformación del Campo, dirigido por José Antonio Ocampo, y Colombia Rural: Razones para la Esperanza, dirigido por Absalón Machado. Las recomendaciones de estos estudios son la mejor hoja de ruta hacia la modernización del campo en un proceso de paz.

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