Obras por impuestos

Las obras por impuestos no son un incentivo tributario, sino una modalidad de pago del impuesto. Se trata, entonces, de recursos públicos que son ejecutados por las empresas. El balance del mecanismo ha sido positivo. Tanto los empresarios como el gobierno han considerado que el instrumento ha cumplido con sus propósitos.

Desde la perspectiva de los empresarios, el mecanismo ha sido exitoso porque contribuye a mejorar su imagen institucional, y les permite crear un ambiente amable con las comunidades. Aunque para la empresa sea más sencillo hacer un giro y consignarle los impuestos a la Dian, prefiere hacer la obra a pesar de los costos que ello implica. Esta decisión se toma porque la empresa valora otras dimensiones, de naturaleza reputacional, que van más allá de los aspectos puramente financieros.

Y por el lado del gobierno, las obras por impuestos han sido favorables porque la capacidad de gestión de las empresas es considerablemente mayor que la del Estado, y las inversiones realizadas han sido oportunas y de calidad. La empresa se encarga de todo el proceso de la inversión, desde el diseño hasta su ejecución final. Las etapas de contratación en el sector público son engorrosas y toman más tiempo. Además, es positivo que el gobierno (local o nacional) sea el que decide el tipo de obra y sus características.

Entre 2018 y 2024, el monto de los recursos destinados a las obras por impuestos pasaría de $219.000 millones de pesos a $1 billón. El Confis acaba de aprobar este último cupo. Y si se ejecuta el presupuesto, el monto total a lo largo del período ascendería a $3,1 billones. La ampliación de estos cupos es una expresión de la bondad del mecanismo. Hasta ahora se han aprobado 297 proyectos, en los que han participados 160 empresas, y 238 municipios. La mayoría de los proyectos han sido en educación (156), le sigue transporte (75), vivienda (32) y energía (23).

Las bondades del mecanismo son indiscutibles desde la perspectiva micro, así que cuando se examina cada uno de los proyectos el balance es positivo. Pero desde la óptica macro vale la pena hacer consideraciones de tipo estratégico, que ponen en evidencia limitaciones de las obras por impuestos. Desde esta mirada global, el mecanismo se puede mejorar.

Primero, la jerarquización de los proyectos se debe realizar en función de programas estratégicos. Sería ideal que cada una de las inversiones se pudiera inscribir en líneas de acción con una perspectiva regional de mediano y largo plazo.

Segundo, el mecanismo se debe ampliar a cualquier tipo de municipio. La normatividad actual obliga a que los proyectos se realicen en los 344 municipios Zomac (Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado), que incluyen 170 municipios Pdet (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial). Para que los proyectos de inversión sean estratégicos y de carácter regional, no se deberían restringir a los municipios Zomac, porque su dispersión reduce las posibilidades de articulación estratégica.

Tercero, se debe buscar una mayor diversificación, tanto desde la perspectiva de las empresas, como de los sectores. Sería conveniente que aumentaran los proyectos relacionados con el ambiente, las TIC, o la salud. También es conveniente que participe un mayor número de empresas.

Cuarto, en las evaluaciones futuras del instrumento se le debería dar mayor énfasis al impacto estratégico que a los análisis micro.