El compromiso de Sevilla

Terminó en Sevilla la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo. Allí se aprobó el “Compromiso de Sevilla”. El documento final, como suele suceder, está lleno de buenos propósitos que difícilmente se van a cumplir. En medio de los deseos de armonía que invoca esta visión multilateral, vale la pena destacar puntos relevantes, que los gobiernos deberían considerar seriamente.

El texto considera que “… la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, sigue siendo el mayor desafío mundial”. A pesar de la contundencia de esta declaración, no se proponen los mecanismos que pudieran contribuir efectivamente a una reducción significativa de la pobreza. Y, de manera más amplia, se reconoce que el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles (ODS) está atrasado.

El documento insiste en la necesidad de consolidar el multilateralismo, y la cooperación internacional. Se rescata la función de la Organización Mundial del Comercio, y se considera importante recuperar su función rectora. Este deseo loable tiene un obstáculo mayúsculo, que es la negativa de Estados Unidos a firmar el Compromiso.

Además de los asuntos relacionados con las relaciones comerciales, se pone en evidencia la importancia de cooperar en materia tributaria. Se retoma el llamado Pilar Dos, que busca que las empresas multinacionales paguen una tasa mínima de impuesto a la renta, en cada una de las jurisdicciones en donde operan. Esta tributación internacional acompañada de la eliminación de los paraísos fiscales es la única manera de ir cerrando las brechas fiscales que se observan en la mayoría de los países.

Puesto que los grandes ricos del mundo diseñan mecanismos para evitar pagar impuestos, en el Compromiso se propone un intercambio de información de los activos (financieros, inmobiliarios, bursátiles, tierras… yates, aviones, carros de lujo…) que poseen las personas individuales. Se diseñarían registros estandarizados, que sean compatibles en todos los países. De esta manera se podría ir construyen un registro universal. Este propósito es muy valioso pero es difícil de concretar. El control a nivel internacional resultaría de la interoperabilidad de la información proporcionada los diferentes países.

El documento le dedica un espacio importante a la necesidad de transformar la “arquitectura de la deuda”, tanto pública como privada. Este es un asunto crucial. Los saldos de la deuda pública con respecto al PIB continúan creciendo en la mayoría de los países, y están ahogando la inversión. En Colombia, en el 2025, el servicio de la deuda es de $112,6 billones, mientras que la inversión apenas es de $78 billones. Esta distancia entre inversión y deuda es enorme y continúa incrementándose.

Mientras se reforma la arquitectura internacional, el Compromiso propone diversas cláusulas, que deben apuntar a reducir la deuda. Por ejemplo, la “suspensión del servicio de la deuda” durante los momentos de crisis o desastres. La sustitución de deuda por activos ambientales. Se podría considerar, además, que los créditos internacionales se valoren en la moneda local.

Las alternativas para mitigar la deuda deberían ser objeto de un debate público porque, como se desprende del Compromiso, ha adquirido niveles que la hacen impagable, y esta debería ser la preocupación central de las Naciones Unidas, de las calificadoras de riesgo, de los países, y de los organismos multilaterales.