Glifosato social

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Al igual que el glifosato es idóneo para erradicar ciertas plantas, la prima de servicio adicional a las demás prestaciones legales existentes que debate el Congreso puede convertirse en un arma eficiente para combatir el empleo formal. Su justificación proviene, según sus autores, de que los sectores de clase media de la sociedad no gozan de subsidios (lo que no es verdad); y de que un único salario mínimo no es suficiente para adquirir los bienes que integran la canasta familiar y soportar otros consumos básicos, afirmación que es correcta. La sustentación de la propuesta culmina con esta afirmación: “Con más salarios y menos impuestos las familias colombianas aumentarían su poder adquisitivo”. El problema consiste en cómo lograr aquel objetivo. Otro día discutiremos el rechazo a los impuestos sin los cuales es imposible financiar la política social.

Las remuneraciones promedio de la masa laboral de un país son función de la productividad media del trabajo, que en Colombia es muy baja. Este factor explica que daneses o japoneses, cuyos países cuentan con elevadas productividades, gocen de altos salarios, no porque la ley lo disponga sino porque el mercado, que es anónimo y no pretende, así lo logre, ser justo, lo reconoce. Debe existir, por supuesto, un mínimo de ingresos garantizado por razones de solidaridad, que, en contra de lo que aquí sucede, debería financiarse con impuestos generales y no con cargas a los empleadores.

Es necesario definir a qué altura, con relación al nivel salarial medio de la economía, debe fijarse el salario mínimo (incluída la prima propuesta). No hay una respuesta precisa aunque sí se sabe que en Colombia es muy elevada comparada con muchos otros países. Por eso el salario medio en el Chocó está por debajo del mínimo, prueba fehaciente de que el aporte que, en promedio, el empleador recibe del empleado en esa región es inferior al salario fijado por el Estado; allí la informalidad es rampante.

Adviértase que Colombia tiene el menor ingreso per cápita comparado con Brasil, Chile y México pero el mayor salario mínimo, demostración palmaría de que el incremento del mínimo, por encima de las ganancias en productividad, de nada sirve.

Las cifras oficiales recientes demuestran una situación gravísima: está cayendo la tasa global de participación, es decir, la porción de la población en edad de trabajar que tiene trabajo o lo está buscando. No está clara la razón de esta evolución que, entre otras cosas, significa que no es la migración venezolana la causa del creciente desempleo. ¿Qué pasa entonces? Tengo dos hipótesis: (i) los aumentos del salario mínimo por encima de la inflación y la productividad; (II) el efecto de las ventajas concedidas por la ley de financiamiento a la adquisición de bienes de capital. Puede que estemos ingresando ya a una era de deterioro secular del empleo.

Además de los problemas técnicos de la propuesta existe otro de carácter político: que ella es liderada por el Centro Democrático, y que ha sido votada por unanimidad en el Senado a pesar de la oposición formal del Gobierno. Estamos, pues, ante un cisma eclesial, tan perturbador (digamos sin exagerar) como el que protagonizaron el Papa y Lutero en el siglo XV. Sería terrible que el Gobierno perdiera esta escaramuza. En adelante pocos creerían en su liderazgo en materias económicas, posibilidad muy dañina para el clima de inversión.

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