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En un foro reciente realizado por La República, expuse las críticas -que comparto- formuladas por la generalidad de los analistas independientes contra la proliferación de beneficios tributarios contenidos en la ley de financiamiento en favor de actividades empresariales específicas. Su mantenimiento y ampliación rompen un principio que debería ser sagrado -la equidad horizontal- el cual consiste en que todas las rentas, al margen de su origen, deberían tener una misma tasa impositiva.
No obstante, si se considera que algunas de ellas merecen regímenes preferenciales sería menester justificarlos con rigor; y si se concluyere que hay que concederlos, habría que revelar su costo fiscal. Debo lamentar que este principio no haya sido respetado, y que se hayan pasado por alto unas cautelas que servirían para darle algún viso de razonabilidad, que no de justicia, a unas condonaciones de impuestos que, en la práctica, se traducen en cargas fiscales mayores para otros.
Dije entonces que la economía naranja, los hoteles, las megainversiones, el agro y, por supuesto, las zonas francas, deberían pagar impuestos bajo reglas comunes a todos los empresarios. Esta postura ha suscitado la ira del Presidente de la Andi; pretende que me abstenga de hablar y escribir sobre temas de interés nacional, que es lo que hago desde hace décadas. Como no me callaré, lo invito a que me refute porque lo que he encontrado es de enorme gravedad.
En teoría las zonas francas son espacios en donde las reglas ordinarias en materia de comercio exterior e impuestos son sustituidas por otras para estimular desarrollos exportadores, que bajo la normatividad ordinaria, supuestamente no podrían prosperar. Se usan para atenuar el rigor de economías cerradas o, en la fase temprana, de estrategias de apertura económica. A pesar de nuestros discursos autocomplacientes, Colombia no es una economía abierta: está tan enclaustrada como un monasterio budista. En 1991 el comercio externo de bienes y servicios era 35,3% del PIB; en 2017 fue, apenas, de 34,9%. Los combustibles aportaban en 1991 el 28,8% del total exportado de bienes y en 2016 fueron 50%. Las exportaciones de manufacturas pasaron de 33,3% del total de mercancías a 25,5% entre esos mismos años. Hemos fracasado, pues, en toda la línea.
Ese fracaso proviene de que en vez de jugarnos la piel en el libre comercio, optamos por mecanismos proteccionistas tales como las zonas francas. Según Anif las exportaciones realizadas desde zonas francas apenas representan 10% de sus ventas totales, pero implican sacrificios fiscales importantes: mientras la tarifa ordinaria de renta es de 33%, la de zonas francas es de 20%.
En la actualidad, tenemos 114 zonas francas en casi todos los ámbitos de la economía: salud, puertos, autopartes, cemento, generación de energía, refinación de petróleo. Por este motivo, es probable que mi competidor tenga una zona franca y yo no; en tal caso, estoy condenado a la más desleal de las competencias. Es lo que está sucediendo con las bebidas gaseosas. Si queremos restablecer la equidad convendría eliminar las zonas francas o, por el contrario, convertir a Colombia entera en una zona franca.
