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Una compañía de seguros que no quiere pagar

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En una terrible situación accidental el 25 de agosto de 2005, a medianoche, por una combinación de ciertos gases,  se presentó una explosión en las instalaciones de la planta de Laboratorios Biogen ubicada en la Carrera 33Bis # 25B – 68 de Bogotá, causando múltiples daños. Afortunadamente por la hora del incidente, no hubo víctimas, pero el daño en maquinaria y equipo fue considerablemente alto. La empresa comenzó a hacer los trámites para reclamación del seguro sobre sus activos. Ante la posibilidad de un accidente como estos, es normal que las empresas tengan pólizas de cubrimiento de riesgos. Los administradores comenzaron el proceso de reclamación y encontraron que la aseguradora Royal & Sun Alliance Seguros Colombia S.A. expidió una póliza de responsabilidad civil a favor de Laboratorios Biogen de Colombia S.A. como tomador, asegurado y beneficiario. La fecha de inicio de la póliza es 8 de julio de 2005.

A fin de estimar el monto de la indemnización que sería cancelada, Royal y Biogen acordaron contratar a la ajustadora McLarens Young Colombia Ltda., que a su vez contrató al contador público Arnulfo Silva para que como ajustador experto calculara la indemnización por daño y reposición de los activos incluyendo el lucro cesante. El 16 de abril de 2007, McLarens elaboró un documento que denominó “Reporte Final – Lucro Cesante”, destinado a Royal suscrito por el señor Juan Carlos Lancheros y por el contador Arnulfo Silva. 

El 23 de abril de 2007, Biogen convocó un Tribunal de Arbitramento. Tras los requerimientos del árbitro, el 7 de noviembre de 2007, Royal hizo entrega del documento “Reporte Final Lucro cesante”, dirigido a Royal, fechado 24 de mayo de 2007 y suscrito únicamente por Juan Carlos Lancheros.  Misteriosamente no aparece la firma del perito ajustador. (Ver pág. 32)

El informe presentaba inconsistencias que conducían a dudar sobre su veracidad. En efecto, no era claro el motivo por el cual no había sido aportado por Royal desde el inicio del trámite, si había sido elaborado desde mayo de 2007. Igualmente, no existía una explicación para que el documento no estuviera suscrito por el contador contratado por McLarens para establecer la indemnización. Además no contenía anexo alguno. 

Finalmente, mediante Laudo del 14 de octubre de 2008, el Árbitro resolvió el litigio. La decisión usa el informe de ajuste para soportar los planteamientos del árbitro en valor de la cuantía a indemnizar.  Lo anterior, sobre la base de que el Tribunal había solicitado a McLarens que certificara la autenticidad del documento. Biogen recibió mucho menos de lo que esperaba.

Todo comenzó a cambiar el 7 de noviembre de 2008, cuando el contador Arnulfo Silva presentó una declaración extra juicio ante notario público, en la que confesó que McLarens y Royal, le pidieron que redujera la indemnización. Según Silva, durante una reunión de marzo de 2007, Juan Carlos Lancheros, Francia Elena Rincón y Daniel Guillermo García Escobar, le indicaron que su informe debía ser modificado, pues la compañía no reconocería sino $7.000 millones y no contemplarían indemnizaciones por “existencias acumuladas”.  Lo más grave es que Silva recalcó que Royal le había exigido la manipulación fraudulenta del informe. En su declaración Silva advirtió que el informe aportado al Tribunal no correspondía con el elaborado por él. En particular, dice que “… El lucro cesante por pérdida de utilidad bruta debía ser entre $12.000 y $15.000 millones”.

Después del laudo, Biogen conoció el documento del 16 de abril de 2007, también denominado “Reporte Final – Lucro Cesante”, en el que la perdida indemnizable era de $11.883.251.505, que difiere significativamente de la cifra de $1.318.412.123, reportada en el entregado al Tribunal, y posteriormente certificado como el único informe. (Ver pág. 26)

Biogen demandó esta situación y posteriormente la Fiscalía 85 Seccional formuló imputación de cargos en contra de Daniel Guillermo García, Francia Elena Rincón y Juan Carlos Lancheros Rueda, como posibles coautores de los delitos de falsedad en documento privado y estafa agravada. Más grave aún la compañía de seguros ha desistido de presentarse a las instancias judiciales a enfrentar el proceso. Mejor dicho no quieren pagar la totalidad del seguro y tampoco dan la cara.  Muy grave que una aseguradora actúe de esa manera.

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