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Se acaba tanta evasión de renta

Para nadie es un secreto que el 2016 será un total descuadre. El Gobierno logró la aprobación del Presupuesto Nacional sabiendo que la variación del precio del petróleo puede pegar más fuerte, y los efectos de la devaluación proyectada es incierta. 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, viene siendo apoyado por un grupo de expertos tributarios para identificar organizaciones que no están pagando impuestos de renta en Colombia. 

El equipo contratado incluye a Ricardo Bonilla, Alfredo Lewin, Soraya Montoya, Julio Roberto Piza, Leonardo Villar, Rosario Córdoba, Oscar Darío Morales, Guillermo Perry y al exdirector del Banco de la República, Miguel Urrutia. El nombre es un poco rimbombante: “Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitivdad Tributaria”. En unos documentos de trabajo se descubrió que hay aproximadamente 70.000 organizaciones que por diferentes motivos no pagan impuestos.

Organizaciones sin ánimo de lucro, ONGs, iglesias, jardines infantiles, colegios y universidades, hospitales, cooperativas, fondos de empleados, clubes sociales y deportivos, empresas de televisión comunitaria, cajas de compensación, asociaciones de padres de familia, asociaciones de ex alumnos y otro tipo de personas jurídicas tienen exenciones por la reglamentación actual, bien por ser totalmente exentos o por tener régimen especial. Los controles son laxos y hay algunos empresarios colombianos que han abusado de estas figuras para “capar” impuestos de manera sistemática.

Por ejemplo, una entidad sin ánimo de lucro recibe donaciones, es decir, no usa recursos del patrimonio. Los excedentes no se distribuyen, por lo que no hay ni ningún tipo de “renta”. Los fundadores usan lo que obtienen para obras sin el concepto de “utilidad”. Esa por supuesto es la teoría. 

Minhacienda y la Dian están seguros que muchas de esas entidades utilizan la figura pero dentro de sus gastos “sacan” recursos disfrazados haciendo un mal uso del concepto sin ánimo de lucro. Otro grupo que ha llamado la atención sobre los administradores del fisco colombiano es el mercado espiritual. Hay un alto volumen de entidades religiosas: más de 7.000 iglesias, unas de verdadera fe y otras de garaje. Como los diezmos y donaciones se hacen en efectivo resulta difícil hacer un seguimiento riguroso de estos flujos de dinero.

Otra irregularidad es que hay un gran número de entidades sin ánimo de lucro que contratan con el Estado. Lo hacen legalmente en el borde de los parámetros de Ley 80 de 1993. Lo que se utiliza mayoritariamente es el famoso convenio de asociación o acuerdo de cooperación. 

El problema es que luego cuando obtienen los recursos, algunos los “reparten” entre sus gastos a otras empresas que no son del régimen. Mejor dicho, se usa la entidad sin ánimo de lucro para “sacar” la plata del estado, y luego, al haber poca capacidad de auditoría o interventoría de la Dian, parte del dinero se termina “fugando” dentro de gastos de actividades de la supuesta cooperación. 

Lo que viene puede sonar aterrador para algunos pero el estado lo va a hacer. Se va a proponer un detalle mucho mayor, con controles rigurosos a las exenciones de renta, es decir, que si una entidad sin ánimo de lucro llega a generar una venta y no recibir una donación, esto podría llevarlo no sólo a presentar y declarar renta sino a tener que hacer un pago. Se estima que sacudiendo ese tipo de evasiones la Dian podría alcanzar hasta $10 billones de nuevo recaudo. Un pequeño ejemplo para que lo vayan considerando quienes trabajan con estas organizaciones: la idea es que solamente se podrán llevar como gastos administrativos de las entidades sin ánimo de lucro hasta 20% de los ingresos anuales. Eso incluye administración, arriendos, servicios públicos, pagos a miembros del consejo directivo y honorarios. 

Hay actualmente entidades que tienen niveles de gasto administrativo de hasta 75% del ingreso. Una verdadera grosería que ojalá acaben pronto.