Responsabilidad de las juntas

La Contraloría General de La República anunció oficialmente al inicio de esta semana una decisión significativa en el marco del escándalo de Reficar. El fallo de responsabilidad fiscal es por un aproximado de $2,9 billones correspondientes a los mayores valores y sobrecostos en la construcción de la Refinería de Cartagena. Esto corresponde a un 10% de lo que busca el actual gobierno en la malherida y accidentada reforma tributaria. El fallo de la Contraloría General señala a cinco exempleados de la empresa y a siete miembros de la junta directiva. También cabe responsabilidad fiscal a cuatro empresas contratistas de Reficar.

Los miembros de la junta directiva señalados por la Contraloría son: Javier Genaro Gutiérrez, Pedro Alfonso Rosales, Diana Constanza Calixto Hernández, Henry Medina, Hernando José Gómez, Natalia Gutiérrez y Uriel Salazar.

En el texto de hoy me quiero concentrar en ellos pues me parece que el alcance del fallo está dejando un mensaje muy claro para diferentes miembros de juntas en el caso de empresas mixtas del Estado. El caso es ejemplarizante por el nivel de activo que está en cuestión. Es imposible que por más desinformado que hubiera estado cualquiera de ellos, no haya visto algo extraño, no haya dejado una constancia en un acta o al menos no haya solicitado un auditoría o petición de los detalles del contrato al gerente de turno en Reficar.

Muchos sobrecostos fueron llevados como reprocesos, algo de pronto normal en infraestructura, pero nunca cuando se sobrepasa cierto margen del valor total del proyecto inicial. Fallo por omisión, puede ser. Había otros temas relevantes que desviaron la atención de las sesiones, otra posibilidad. Para eso están los estados financieros. Ciertas líneas rojas deben tener algunos costos que debieron generar la alerta temprana.

En general, un miembro de cualquier junta debe tener claro que su responsabilidad es alta, especialmente cuando toman decisiones de aprobar ciertas inversiones cuantiosas que el gerente no pueda decidir. Aprobar un presupuesto, estados financieros y los proyectos supone un alto riesgo, sobre todo cuando el miembro de junta aprueba todo a pupitrazo sin leer. Los miembros de juntas deben ser rigurosos, tener detalles, actualizar la información posible antes de las sesiones y tomar decisiones responsables.

En discusiones teóricas de cómo debe funcionar el gobierno corporativo, algunos académicos sugieren que las juntas deben tener miembros con alto grado de independencia. En la práctica, esto no sucede. En nuestro país la cultura lleva a pensar que miembros independientes se pueden volver “ruedas sueltas” que tienen su propia agenda y discursos que a veces van en contravía de los intereses de los accionistas. En el caso de miembros de juntas que están asociadas a cargos en el sector público, la situación es peor, pues las hojas de vida llegan perfumadas por manzanillos del cabildeo en los partidos políticos. Acabamos de ver el ejemplo de los nombramientos del gobierno actual en la Junta Directiva del Banco de la República, Mauricio Villamizar y Bibiana Taboada. Esos nombramientos se dieron por otras razones. Ojalá en ese caso tomen ejemplo de Reficar y no cometan errores que le cuesten dinero a los colombianos.