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Pilas con la trashumancia

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El Municipio de Pueblo Bello, en el departamento de Cesar, queda ubicado en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta, a 50 kilómetros de Valledupar. El 80% de la población es de origen Arhuaco y su vocación agrícola se sustenta principalmente en el café. En el último censo la población se estimó en 13.500 habitantes. Este pequeño lugar de la geografía es un ejemplo del síntoma de una enfermedad que afecta a todas las regiones de Colombia, la  trashumancia electoral, aquel delito de inscribir cédulas en lugares diferentes al de residencia para alterar votaciones, es penalizado con cárcel según el artículo 389 del Código Penal.

En 2011, el señor Javier Landazábal Gómez logró por segunda vez llegar la alcaldía donde es conocido por su generosidad y cercanía con empresarios, personajes influyentes, fiscales y jueces. Se han recibido diversas denuncias por parte de la ciudadanía y misteriosamente ninguna ha avanzado. No es extraño oír a los habitantes referirse al Alcalde como “El intocable”. Landazábal Gómez fue alcalde por primera vez en 2003, cuando grupos paramilitares dominaban la zona y es abiertamente conocido que “aprobaban” la llegada de políticos a los cargos públicos. En posteriores versiones de “Justicia y Paz” algunos paramilitares desmovilizados han hablado explícitamente de Landazábal y el congresista Pedro Mudvi Arangüena del Partido Liberal, quien recientemente fue detenido por estas revelaciones.  La Corte Suprema ordenó medida de aseguramiento, sin libertad provisional, por presuntos vínculos con el Bloque Norte de las Autodefensas y presunta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir. La denuncia que prosperó para el congresista no ha prosperado para el Alcalde. Curiosidades de nuestro sistema de justicia.

En las elecciones pasadas cuando Landazábal ganó la alcaldía, se conoció una denuncia, como en decenas de municipios del país, de una supuesta trashumancia electoral. La cantidad de votos irregulares es monumental, visto como porcentaje sobre el tamaño de la población. Un número importante de cédulas fueron impugnadas pero lograron votar el día de las elecciones porque la Registraduría no las sacó del censo electoral. Con la ayuda de esos votos, Landazábal (recuerden que se llama “el intocable”) logró ganar por segunda vez.  La comunidad de Pueblo Bello está indignada pues dicen que el personaje no es nativo y está gobernando con unos votos de personas que tampoco son de ahí. 

Su poder político llega a tal punto que el pasado martes 25 de marzo, se inscribieron para votar más de 500 personas que no viven en Pueblo Bello y que quieren aportar su “cuota” política para las elecciones presidenciales. Los 500 votos de pronto no hacen diferencia en presidenciales, pero de alguna manera esa gente queda en el censo electoral y se “legalizan” para elecciones de Alcalde que se darán en 2015. Esto quiere decir que en el siguiente período, Landazábal pondría el próximo alcalde (suena su yerno, Juan Francisco Villazón). Lo más extraño es que el Consejo Nacional electoral ya se había pronunciado sobre el caso (ver documento Resolución impugnación de cédulas).

Lo más grave es que según denuncias de los habitantes, al parecer la policía local habría participado en la trashumancia. El Comando queda al frente de la Registraduría, exactamente a 20 metros (ver fotos).  Un transportador, habitante de la zona, se atrevió a grabar su versión, ya que dice ser testigo del momento donde se materializa el delito. El audio llegó a La República, y fue editado para proteger la identidad de la fuente (audio testigo). Las cédulas vuelan entre ciudades. Miles de ellas votarán en primera vuelta por todo el país.

Ñapa: Los canales de televisión abierta RCN y Caracol enviaron recientemente a los diferentes cableoperadores del país una carta informando que este año les cobrarán un valor por usuario para  transmitir su señal. En la Ley actual los operadores deben emitir las señales de televisión abierta de manera obligatoria, pero en ningún lado se habla de contraprestación o pago directo a los canales. La Antv recibió con sorpresa las cartas, pues de insistir en el cobro, posiblemente los colombianos que tienen televisión por suscripción (más de 80% de hogares según el Dane) podrían quedarse sin la señal de los canales privados. Lograrán modificar la Ley en el Congreso para obtener este nuevo ingreso? ¿Qué congresista presentaría este cambio a nivel legislativo?.

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