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Leyendo el fallo de Contraloría en primera instancia sobre el caso de Hidroituango encontré varias perlas. Un grupo de asesores en 2013, informó:
“Los riesgos técnicos inherentes a la aceleración del desvío del río no son aceptables y recomienda ejecutar el diseño original optimizado con el contratista principal Ccci. El desvío del río debe ser efectuado después del término de las excavaciones y del concreto de las estructuras incluso la instalación de las guías de las compuertas”. En la sesión de diciembre 3 de 2013 del comité de seguimiento al contrato, EPM habría decidido desviar el sentido del pronunciamiento de su Junta de Asesores. La Junta validó el esquema del tercer túnel o galería auxiliar y que compartía en lo sustancial reformas que contemplaban un segundo desvío del cauce del Río Cauca en 2018.
La plana mayor de Hidroituango hacía seguimiento ocasional al avance de obras. Si hubiera actuado con mayor diligencia, se habría percatado oportunamente de los riesgos de prescindir de obras de ingeniería básicas para la desviación del río. Los eventos conocidos desembocaron en una grave emergencia ecológica. La secretaria de Planeación de Antioquia presentó inquietantes informes sobre la anarquía que caracterizaba el trabajo de los contratistas: “El contratista de los túneles de desviación es un desastre”.
En el Auto 1413 de septiembre 3, la contralora delegada intersectorial 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, Juliana Velasco Gregory, falla con responsabilidad fiscal por más de $4,3 billones contra 26 directivos de Hidroituango, EPM, contratistas y personas jurídicas.
El texto es ampliamente técnico y no le veo sesgo político como muchos han querido advertir. En ese entonces la construcción de las vías de acceso al proyecto arrancó sin contar todavía con diseños definitivos. Su trazado fue modificado a medida que surgían imprevistos, los “planes de contingencia” y la cesión de contratos se convirtieron en pan de cada día. La aceleración para cumplir plazos apremiantes incrementó el presupuesto de las obras.
En su decisión de primera instancia la Contraloría observa que los gestores del proyecto insistieron en participar en una segunda subasta de energía en firme, adjudicada que implicaba entregar 9.5 millones de KWh-día de energía entre 2021 y 2038. Hoy no se ha generado un solo kilovatio. Las pruebas recaudadas, informes técnicos de la Universidad Nacional y el de los reaseguradores concluyen que la llamada contingencia de 2018 no obedeció exclusivamente a causa externa. Fue producto de defectos constructivos, problemas en seguimiento y control de obras.
La salida está en el alcance de los seguros. Cuando ya la Contraloría había actuado, la aseguradora Mapfre realizó un primer pago del daño emergente por US$150 millones. El pago no corresponde a la indemnización total del siniestro, entre otras cosas porque el proceso de ajuste se encuentra aún en marcha. La aseguradora soluciona buena parte del problema cuando asuma el pago de los $4,3 billones tasados como responsabilidad fiscal. El contralor Córdoba, dice que cuando eso ocurra cesarán las actuaciones fiscales y quedaría despejado al camino para que Hidroituango sea una realidad.
