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Estamos a pocos días de la instalación de un nuevo período legislativo en el Congreso y diferentes organizaciones han coordinado una convocatoria para realizar una protesta ese próximo 20 de julio. La elección de la fecha por parte de quienes organizan no es una casualidad. El informe entregado esta semana por la Cidh es de carácter no vinculante. Son recomendaciones que probablemente llegarán en forma de proyecto de ley para ser debatido en el legislativo. La oposición seguramente propondrá su propio proyecto de acuerdo a las mismas recomendaciones.
El Comité Nacional del Paro radicará las peticiones del viejo pliego como proyectos, eso sí con muy poca probabilidad de que sobrevivan en las comisiones iniciales. Como todo trámite en el Congreso no sabemos al final en que tipo de texto resulte. Hay cambios que la Cidh sugiere que pueden tener validez y otras cosas son más de forma que de fondo. Habrá voces pidiendo el desmonte del Esmad, o la reducción de su capacidad. Sacar a la policía del Ministerio de Defensa y reglamentar protocolos seguramente serán temas que oiremos en los medios de comunicación y redes sociales.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha denunciado que hay intenciones políticas de Colombia Humana detrás de los manifestantes para obtener réditos del caos. A la denuncia se debe sumar el efecto de la financiación. El Gobierno ha señalado a Venezuela como un probable agente de fondeo, ya que sostener a tanta gente, tantos días organizados en la calle, supone un alto costo que alguien debe estar pagando.
Sin duda hay carteles de narcotráfico nacionales e internacionales interesados en el caos, o la percepción sostenida de caos y desorden, buscando dejar en evidencia a un estado que ha sido débil y demorado en las decisiones. Hay muchos que buscan el desmonte de las aspersiones con glifosato, otros quieren otros objetivos como los mencionados anteriormente. No se puede permitir que la agenda de los narcotraficantes se imponga y se mezcle con las legítimas protestas de los ciudadanos.
El ex vicepresidente Angelino Garzón pidió públicamente a todos los precandidatos presidenciales para la carrera de 2022, que se pronuncien en el sentido de solicitar al Comité Nacional del Paro que suspenda las marchas propuestas para el 20 de julio. Va a ser difícil lograr ese objetivo, pero lo que si se puede obtener es que todos los precandidatos se pongan de acuerdo en unos mínimos que garanticen la protesta social pacífica y que haya un rechazo generalizado a los actos de violencia y barbarie que algunos pocos nos quieren imponer como parte de la agenda nacional.
Insisto en que el objetivo de los narcos, usando el discurso de los jóvenes y los oprimidos, tiene una agenda especial que no se debe menospreciar. “Los narcotraficantes colombianos han aprendido que la violencia es contraproducente para el negocio. La nueva generación de traficantes ha aprendido que el anonimato es la mejor protección y que la plata es muchísimo más efectiva que el plomo” escribió el periodista Jeremy McDermott, del centro de investigación de crimen organizado “Insight Crime” en un reciente informe titulado “La nueva generación de narcotraficantes colombianos post-Farc: Los Invisibles”. Un paro que agrada a los narcos.
