El pasado martes se conoció que el exsecretario de Salud de Bogotá Héctor Zambrano adelanta acercamientos con la Fiscalía en el proceso del carrusel de contratos que lo tiene recluido desde hace tres meses en la cárcel La Picota por su presunta participación en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio, peculado en favor de terceros y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.
Zambrano, quien parecia ser el funcionario ejemplar, el hombre que logró desempeñarse en cargos de grandes responsabilidades como Secretario de Salud, de Hacienda e incluso Alcalde Encargado, mano derecha del exalcalde Samuel Moreno, ahora, tras las rejas, ha sido calificado por la Fiscalía como un “peligro para la sociedad”. Señalado de haber recibido una comisión de más de $6.000 millones por cuenta de un polémico contrato de prestación de servicio de ambulancias que fue adjudicado el 30 de septiembre de 2009 a la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá un consorcio de tres empresas en donde las dos faltantes; Suárez y Silva Ltda e Ingenieros Contratistas estaban vinculadas al sector de la construcción y la infraestructura en el momento de dicha licitación.
Estamos hablando de uno de los contratos más importantes de la Secretaría de Salud que fue adjudicado a una empresa que tenía como capital sólo $6 millones y ocho ambulancias para atender la demanda de los enfermos en Bogotá y de otras dos empresas que evidentemente nada tenían que ver con el negocio de la salud. Increible pero cierto.
Uno de los elementos expuestos por el ente acusador hace referencia a un interrogatorio que rindió el contratista Julio Gómez ante la Fiscalía, en el que manifestaba que para la época de la adjudicación del contrato había visto a Héctor Zambrano reunido con el ex concejal Hipólito Moreno y Emilio Tapia en el apartamento del excabildante de la U.
Cómo quiera que haya sido la reunión, la verdad del caso es que hay embolatados $17.000 millones que nadie ha sido capaz de justificar. Por esa razón, los delitos que le han sido imputados al exsecretario de salud son muy graves no sólo por la alta pena que tendría que pagar de ser encontrado culpable (hasta 33 años), sino por la cantidad de dinero que está perdido.
Para nadie es un secreto que en Bogotá hay ambulancias piratas, así como taxis piratas. No es un secreto que muchas de ellas carecen de las condiciones ambientales estándar para prestar el servicio, que no tienen el mantenimiento oportuno y que en muchas oportunidades, por esas y muchas otras razones, ponen en peligro la vida de los pacientes.
Pero resulta curioso que justo para la época en que se adjudicó el mencionado contrato, el entonces secretario de Salud alardeaba haciendo diversas denuncias en medios de comunicación que comprometían la reputación de varias empresas que prestaban ese servicio. “No sólo están las ambulancias que hacen las veces de taxis, violando toda una serie de normas que regulan a los vehículos de transporte de pacientes, sino presentando serias fallas de calidad en la atención como la falta de capacitación del personal médico y de verificación de medicamentos que en oportunidades, hemos encontrado vencidos”,advertía entonces Zambrano en una entrevista para Caracol Radio el 14 de febrero de 2008.
(Ver entrevista)
Quisiera pensar que el exsecretario hizo esas denuncias para salvaguardar los derechos de los enfermos, de los trabajadores, de los paramédicos, de todos aquellos que fielmente trabajan para el sector. Pero ante este panorama, difícilmente se piensa (no en la veracidad) sino en el fin último de dichas declaraciones.
El señor Zambrano insiste en que le están achacando irregularidades por las cuales va a responder respetando la justicia humana pero pidiendo a la justicia divina que le permita demostrar la verdad. Puede ser que Emilio Tapia y Julio Gómez evidentemente busquen beneficios ante la Fiscalía General de la Nación. Pero hay beneficios políticos y enlaces que, por ahora, dejan muy mal a Zambrano. Quien iba a pensar que el hombre de gran capacidad gerencial, experto en números, aquel tímido y discreto vendedor de cremalleras iba a terminar untado en el carrusel de contratos que tiene a Bogotá quebrada y colapsada . Asi es difícil que el ciudadano común le crea a los servidores públicos.
