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No queremos ser Venezuela

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La política de competencia es la herramienta más poderosa que tiene un Estado para lograr que sus empresarios hagan un mayor esfuerzo para producir mejores bienes a menor precio, y que la competitividad no esté ligada a subsidios o medidas de protección. Esta política cubre dos aspectos: la persecución y sanción de conductas anticompetitivas, incluyendo los carteles de precios (muy nocivas para el mercado), y el abuso de posición de dominio. Las barreras regulatorias que protegen a industrias ineficientes se deben eliminar también. Más de 120 países tienen normas de competencia que persiguen conductas anticompetitivas. Existe conciencia generalizada en el mundo sobre la necesidad de reprimir fuertemente las prácticas anticompetitivas y los carteles empresariales. Los precios de productos sometidos a esta conducta ilegal aumentan en promedio el 30% y en casos exagerados hasta un 60%. En EE.UU. la persecución de estas conductas entre 2000 y 2007 generó ahorros de hasta US$1,8 billones.

La Ocde mostró cómo la baja competencia del mercado mexicano de telecomunicaciones le ha costado a ese país US$129 billones entre 2005 y 2009, el 1,8% de su PIB. Australia aumentó su crecimiento per cápita en 2,5% o US$20 billones en los 90 a través de reformas en su política de competencia. Otro estudio de 2009 estimó que la remoción de regulaciones anticompetitivas de los sectores energético, de telecomunicaciones y de transporte en Croacia, representó crecimientos en el PIB entre 1,35% y 2,77%. La Unión Europea y EE.UU. han sancionado carteles empresariales, en sectores que Colombia no ha producido ni investigaciones. Me refiero al sector financiero. Fueron famosas las multas por $1.700 millones de euros en Europa a 11 bancos por manipular la tasa libor y de US$2.500 millones a cuatro bancos en EE.UU. por manipular la tasa de cambio dólar/euro. Estos casos contaron con bancos delatores que colaboraron con las autoridades y entregaron pruebas que los involucraban a ellos y a los demás.

La política de competencia basada en la colaboración de empresas delatoras, depende de la capacidad sancionatoria de las entidades. Colombia debe modificar su régimen y adoptar un modelo basado en un tope porcentual sobre ingresos globales. En casi todos los países las multas son del 10%. Con una cifra así de importante, por ejemplo, la SIC podría lograr imponer multas verdaderamente persuasivas. La política podría llegar a un nivel superior.

Si Colombia aspira a convertirse en país desarrollado, debe necesariamente tener una mejor política pública de respeto a la libre competencia. No se trata de sancionar a quien viola la ley solamente, sino en interiorizar en los empresarios la necesidad de respetar el libre mercado, de cuidar el modelo económico. Los países que, como Venezuela, han retrocedido en su crecimiento económico, lo han hecho, por tomar decisiones que cada día, maltratan la libre competencia. Expropiación de empresas, regulación ilógica de precios, altos subsidios a sectores ineficientes, fondos de estabilización de precios, barreras arancelarias, entre otras, son medidas que satisfacen las necesidades o caprichos de unos pocos, pero que perjudican el modelo económico, hasta el punto de destruirlo. Los candidatos que tanto hablan de Venezuela en esta campaña deberán incorporar este elemento en sus discursos para garantizar un libre y eficiente funcionamiento de los mercados, no como el vecino.

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