Juez “conejea” a Olmedo

Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, acordó unos términos producto de una negociación con la Fiscalía General de la Nación. El preacuerdo establecía una rebaja en la pena por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación. Se acordó una devolución de dinero en efectivo por hechos relacionados con las irregularidades en la compra de 40 carrotanques para el departamento de La Guajira. En una reciente audiencia, el juez penal 05 del circuito de Bogotá, rechazó el preacuerdo y opinó que le parecía que la pena acordada por las partes era “irrisoria”.

De esta manera uno de los principales testigos del escándalo de corrupción más grande del actual Gobierno quedó en una situación de “stand by”. Pese a los riesgos, la colaboración y el aval de las víctimas y la Procuraduría, la Fiscalía guardó silencio y no apeló la decisión. Con ese silencio dejó sin defensa procesal a su principal colaborador, sin importar que su testimonio hubiera sido el detonante para 154 actos de investigación, como lo reconoció la propia fiscal general Luz Adriana Camargo.

El abogado de López, José Moreno, apeló la decisión que será resuelta en una segunda instancia esta vez por el Tribunal Superior de Bogotá. Explicó Moreno posteriormente en diferentes medios de comunicación que su cliente ha entregado documentos, chats, informes técnicos, declaraciones bajo juramento y hasta pruebas georreferenciadas. Su testimonio, ofrecido a la Fiscalía y a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, ha sido determinante para que se impusieran medidas de aseguramiento contra un expresidente del Senado y uno de la Cámara de Representantes. Hay más procesos contra otros congresistas y exfuncionarios del Gobierno que también avanzaron por estos testimonios.

Desde que decidió colaborar con la justicia, López ha sido víctima de múltiples amenazas, robo de documentos, sabotajes digitales, y hasta un acceso armado a la vivienda del abogado con el fin de sustraer pruebas sensibles del proceso. En un país donde se asesina a testigos y se compran silencios con millonarios sobornos, en este episodio también hubo un intento de compra de testimonio por $13.000 millones, lo que derivó en la captura de los oferentes.

La colaboración de López queda en el aire. Lo “conejearon” y ahora lo grave es que los procesos derivados tambalean. Expertos en derecho penal advierten que los casos de los diferentes congresistas y otros exfuncionarios del gobierno quedan cojos pues al no haber sido aceptado el preacuerdo por el juez, cada uno de los demás procesos pierde fuerza y puede terminar en impunidad, al no poder usar las pruebas la Fiscalía. Sería increíble que todo el aparato judicial que viene abordando por meses a múltiples indiciados pierda la oportunidad de destapar el escándalo y judicializar por una exótica opinión de un juez. Todo apunta ahora a quienes se podrían ver beneficiados jurídicamente con este episodio ¿A quiénes conviene que las pruebas no se puedan usar? “No puede ser más peligroso decir la verdad que cometer el crimen” fue el alegato final de la defensa. Si la justicia castiga a quienes rompen el silencio, lo que en realidad termina premiando es a la impunidad.