Tuve la oportunidad de visitar las oficinas de la JEP, no solo para conocer detalles de la entidad a nivel operativo, sino sus costos de funcionamiento. ¿Es caro o barato este tribunal? El costo de firmar la paz en el gobierno anterior, no se puede mirar con una sola óptica. ¿Cuánto vale no tener la paz firmada? ¿Valió la pena el esfuerzo para que alias “Jesús Santrich” terminara burdamente evadiendo la justicia? ¿Es posible reparar a todas las víctimas? Hay muchos que sienten que los resultados de la JEP son insuficientes y cuestionan desde su existencia. Otros observan que es parte de la solución de los muchos problemas que Colombia debía resolver, y piensan ahora en pasar la página y mirar adelante.

Durante mi visita vi funcionarios con diversidad en perfiles y culturas, que representan lo dispar, desigual y pluricultural que es el país. Debo admitir que en el despacho de la Secretaría Ejecutiva me entregaron las respuestas a todo lo que solicité, un detallado derecho de petición de 74 preguntas. Una amable funcionaria de la Secretaría se tomó el tiempo de explicar en detalle las respuestas, en vivo y en directo.

¿Cuánto nos cuesta la JEP? El funcionamiento de 2019 ascendió a $202.000 millones y el presupuesto para 2020 es de $201.000 millones, ligeramente inferior. La mayoría, $172.000 millones, corresponden al gasto de nómina, un 85% del recurso que se invierte en talento humano. Escoltas, conductores y el resto de seguridad las provee la Unidad de Protección de Víctimas, igual que en decenas de entidades del Estado. Un informe de 2017 de la Contraloría, comparó el costo de Justicia y Paz en el proceso con los paramilitares, con cifras que desbordan a las de la JEP.

En temas laborales, hay 875 servidores públicos vinculados, de los cuales 219 son abogados profesionales especializados “Grado 33” con salarios mensuales de $10 millones. Comparativamente, con cargos como magistrados auxiliares y fiscales, los salarios son similares a los que se pagan en la rama judicial en otras cortes.

El salario más alto es el de Magistrados de Tribunal con $35 millones, parecido a la Corte Constitucional o al Consejo de Estado. Hay 309 contratistas por prestación de servicios que cumplen actividades misionales. Muchos de estos gastos corresponden a los abogados que se les asignan a las víctimas por todo el país, que de otra manera jamás podrían llevar a cabo un proceso de reclamación de estos.

Al revisar los gastos operativos, en papelería la cifra es de $160 millones anuales, significativamente menor comparado con los niveles de las altas cortes. La JEP desde un principio ha fomentado el ahorro de papel con una gran dosis de documentación digital, avance que otros abogados del país deberían tomar como ejemplo.

La entidad permite a muchos capacitarse, hay planes de bienestar y han renunciado un poco más de 100 funcionarios desde su creación. De libre nombramiento y remoción hay 12 casos de desvinculación, tres que han llegado a instancias judiciales como el Ministerio de Trabajo o la Procuraduría. Porcentualmente es un nivel bajo frente a instituciones estatales que llevan muchos más años y mayor historia. Hay oportunidades de mejorar como en todas partes, tal vez a la JEP le ha hecho falta una mejor estrategia de comunicaciones para que el país entienda mejor el racional y los objetivos que se buscan. Mantener la paz cuesta. Comunicar los resultados es el siguiente gran reto.