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Internet es un derecho fundamental y los servicios de telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, conocidas popularmente como TIC, son un bien público. Sin servicios de telecomunicaciones y su infraestructura no hay Internet, pero Internet y servicios de telecomunicaciones sin TIC, no sirven. Estamos frente a un silogismo jurídico para la conectividad.
La siguiente reflexión es: ¿a qué tecnología tiene derecho el ciudadano? La respuesta es, a la mejor, la más asequible, la más reciente, a toda la que le permita ejercer sus derechos humanos en la forma que él quiera y con plenitud.
5G es la tecnología con más apoyo público para su nacimiento en la historia de las tecnologías móviles. La capacidad para modificar las cadenas de valor, innovar y construir nuevos mercados tecnológicos ha puesto en el centro de las políticas nacionales la liberación de esta tecnología y nueva política digital 5G.
5G es un acto sucedáneo en las generaciones tecnológicas, un hecho cultural y tecnológico resultado de la competencia económica y la innovación. Esta generación tecnológica ya nació con el signo de la desconfianza y, aun así, avanza más rápido en su despliegue que las generaciones tecnológicas que la precedieron.
¿Qué hace a una tecnología socialmente elitista o social? Los marcos legales y la política pública.
Espectro radioeléctrico. La política digital 5G del Estado Chino tomó el espectro radioeléctrico y lo entregó con obligaciones de cobertura y sin obtener una retribución económica a China Unicom, China Mobile y China Telecom. La intención fue masificar el uso de esta tecnología y democratizar su acceso a todos los ciudadanos, particularmente los más pobres.
Estados Unidos liberó la mayor cantidad de espectro de su historia, con un precio superior a los 80 mil millones de dólares, con el mercado por delante y las inversiones de T-Mobile, Verizon y AT&T realizando un despliegue épico y US$100.000 millones para conectar a 20 millones de no conectados. Dos modelos distintos de despliegue de infraestructura.
Si la tecnología genera economía digital, democratiza el acceso a bienes y servicios y habilita derechos humanos, se debe reconocer que tecnologías avanzadas generarán mayores estados de bienestar, empleo, salud, educación y seguridad pública.
5G puede caer en esta espiral perversa. Se piensa que 5G es para la industria y las empresas. No es cierto. Igual que cualquier tecnología, habilita derechos humanos y bienestar digital. Desde hace varios años Intel, Qualcomm, Ericsson, Huawei y Nokia han presentado casos relevantes de uso social: aula conectada 5G, hospital 5G y de entonces a hoy han surgido oportunidades en materia de seguridad pública 5G y campo 5G.
La verdadera amenaza es la falta de comprensión pública sobre 5G y que deje al mercado las prioridades de rentabilidad, empleos, conectividad, habilidades digitales y competitividad. El abandono al mercado marginará a los ciudadanos.
La razón estructurada bajo forma de creencia ideológica no puede estar sobre el derecho al desarrollo digital y humano del ciudadano. El problema no es la generación tecnológica 5G, es su acceso a precios que destruyen la economía de los operadores y dejan al mercado, los beneficios de ciudadanos y empresas.
El enemigo de los derechos digitales, de la innovación y la competitividad tienen un nombre: altos precios del espectro.
En el último año la informalidad laboral alcanzó 54,6 % a nivel nacional. Más de la mitad de los ocupados del país trabaja sin garantías legales, sin las condiciones de protección y estabilidad propias del empleo formal
El niño llegó más lejos de lo que el mapa permitía. Eso es una victoria. Que el sistema siga mandando menores al mundo sin red no lo es. Su adiós no cierra solo una era
El fenómeno de El Niño de 2026 no crea estas fragilidades: las revela. Y esa es, quizás, la lección más útil que dejan estos dos boletines leídos en conjunto
