En el siglo XIX, para nuestra construcción como Estado, se plantearon dos discusiones fundamentales: ser un país laico o confesional y tener un ordenamiento territorial centralista o federalista. La primera, la resolvió la Corte Constitucional a través de sentencias sobre el aborto, la eutanasia y el matrimonio homosexual, estableciendo que Colombia es un estado semi laico.

La segunda, se ha quedado petrificada en el inconmensurable y fatídico olvido.
La Constitución de 1886 creó un imaginario colectivo centralista, donde es normal que Colombia nazca, se reproduzca y muera en Bogotá, y que la institucionalidad, la cultura, la economía y la academia se piensen bajo los lineamientos del centro. Sin embargo, el ordenamiento territorial tiene que ver con lo cotidiano, con la forma de relacionarnos con el territorio y sus ciudadanos, con la salud, la educación, la economía y el agro. Por eso, es vital el equilibrio de poder entre el centro y la periferia, posibilitado a través de una autonomía regional regulada por la Constitución y por la garantía de un reparto justo de competencias.

Hoy, cuando se evidencia la fragilidad de las instituciones, resultado de prácticas corruptas y clientelistas, es necesario retomar esa tarea del siglo antepasado. No es viable continuar con este centralismo asfixiante. La recuperación económica no se logrará desde Bogotá, en torno a la creencia que la sabiduría es monopolio de los tecnócratas de la burocracia capitalina. Nuestro Estado parece un elefante con cabeza de ratón, que no coordina lo que piensa con la manera en que debe moverse. Sin duda, la discusión sobre la repartición de poder es problemática, mucho más cuando las tres ramas del poder están cómodas, saboreando la tranquilidad de habitar un lugar donde el acceso a los servicios públicos, a internet y a las mejores universidades es parte del paisaje.

En la otra Colombia, no es así. En esa Colombia acostumbrada a que todo llegue desde la capital, la dependencia forja la perversa práctica de aguardar que las soluciones se construyan en un entorno que es ajeno a las vivencias del territorio. Es evidente, entonces, que “los gobiernos paternalistas son gobiernos despóticos”, pues crean una sujeción que se torna en sumisión.
Cada vez que se propone autonomía para las regiones, salta a la lona el argumento de la corrupción en los municipios y departamentos, como si la autonomía fuera su causa. Si administrar los recursos desde el centro fuera la solución, esa tesis sería sólida. Sin embargo, es todo lo contrario: vivimos en un estado centralista, que es corrupto. Entre más centralismo, más corrupción.

No estamos en una época de cambios, sino en un cambio de épocas, diría Daniel Cohn en su obra Contra los partidos políticos. Es el momento propicio para construir una institucionalidad participativa, sin ideas inmutables, sin prejuicios conservadores y timoratos, acorde con los retos de la pos-pandemia. No hay razón suficiente para temer a las grandes transformaciones.