Analistas

Una rotunda tontería

Estamos en época de propuestas, esa extraña, divertida y muy interesante temporada donde florecen todo tipo de ideas sobre cómo hacer del nuestro un mejor país. Hace un par de semanas un colega columnista puso sobre la mesa la posibilidad de ampliar uno de los elementos capitales de la fallida consulta anticorrupción: reducir el salario no solo de los congresistas, sino del resto de altos funcionarios públicos. Las motivaciones sobre las que se sostiene tan peregrina idea son fundamentalmente dos. En primer lugar, un elemental propósito fiscalista de ahorro público. El segundo propósito es mucho más extraño: una suerte de sanción a la ineficiencia de lo público y a sus bajos niveles de transparencia. Como veremos, la medida es materialmente inoficiosa respecto a su primer propósito y puede traer consigo un efecto contrario a su segundo objetivo.

Lo primero que cabe mencionar es que el grueso del gasto público se destina a rubros distintos al pago de salarios. Un 1% de reducción de los salarios públicos alivia el presupuesto de la nación en solo $350.000 millones. Así las cosas, se requiere de una brutal caída de al menos la cuarta parte del sueldo de los funcionarios de la nación para materializar un ahorro de un solo punto porcentual del PIB, lo que a su vez equivale a menos de la tercera parte de nuestro déficit fiscal. El ejercicio de la hacienda pública no se hace sobre las anécdotas, sino sobre las grandes realidades financieras del país. Aunque las cifras parecen elevadas cuando se ponen ejemplos tendenciosos como los de los magistrados o los congresistas, lo cierto es que los montos que se podrían ahorrar por esta vía son macroeconómicamente marginales.

Respecto a la idea de sancionar los vicios públicos vía menores salarios, la iniciativa es instrumentalmente irrealizable y conceptualmente pobre. Los sueldos públicos en Colombia ya son bajos, en particular cuando se trata de los niveles directivos. Salvo muy contadas excepciones, los líderes del sector público ganan entre un 50% y 60% menos de lo que ganarían en el sector privado con cargos de similar responsabilidad. Aunque el servicio público genera otro tipo de satisfacciones personales, la ampliación de la brecha salarial público-privada, con riesgos personales cada vez mayores para el funcionario estatal, solo conseguiría alejar a nuestros mejores profesionales de las filas públicas y dejar el país en manos de los menos talentosos o de corruptos que de manera y deliberada planean construir un ingreso por debajo de la mesa.

En mi opinión, los propósitos de encontrar eficiencias en el gasto del gobierno y de sancionar el mal ejercicio de la política pública son motivaciones válidas de nuestra sociedad. Sin embargo, el salario de los funcionarios públicos no es el instrumento correcto para ninguno de los dos fines. Para lo primero, valdría la pena revisar algunas duplicidades producto del traslape entre ministerios, agencias y altas consejerías. Un eventual ahorro en personal – de presentarse – debe venir de la cantidad de funcionarios públicos, no de su calidad. En cuanto a la transparencia, una copiosa evidencia internacional respalda que la corrupción es menor en países donde los funcionarios públicos ganan más. Por todo lo anterior, la propuesta de reducir salarios, aunque bienintencionada, es una rotunda tontería.